Ningún otro Estado les deja empadronarse y acceder a la educación y a la sanidad en las mismas condiciones que los nacionales España es el país de la Unión Europea que más derechos concede a los inmigrantes en situación irregular y que cuenta con una de las legislaciones más permisivas. Tal vez por estos dos motivos, además de por su situación geográfica, nuestro país se ha convertido en los últimos años en el destino favorito de las mafias que trafican con seres humanos.

La bolsa de irregulares en España puede llegar en estos momentos al millón de personas. En total, hay 3,88 millones de extranjeros apuntados al padrón municipal, de los que 2,8 millones tienen tarjeta de residencia, por lo que la diferencia entre estas dos cifras alcanza el millón de inmigrantes que carecen de los permisos necesarios. Precisamente, España tiene el instrumento del padrón municipal para contabilizar el número de personas en situación ilegal, algo que no sucede en ningún otro país de Europa, donde en teoría, los sin papeles no existen y no figuran en ninguna estadística.

Sin embargo, en España. cualquier extranjero sin permiso de residencia se puede empadronar y, de esta forma, acceder a prestaciones sociales como la sanidad y la educación, en las mismas condiciones que los españoles. Inscribirse en el padrón es relativamente fácil y tan sólo basta con aportar la fotocopia del pasaporte y un contrato de alquiler o un recibo de luz. Estas facilidades no se proporcionan en ningún otro país de la UE, donde el acceso a la sanidad y a la educación de los sin papeles está mucho más restringido y en algunos casos ni existe.

Otra de las ventajas que concede el Gobierno español a los irregulares es la figura del arraigo laboral y social. Esta opción, recogida en el Reglamento de la Ley de Extranjería, permite dar el salto de la ilegalidad a la legalidad si los inmigrantes acreditan dos o tres años de residencia en el país, tener un contrato por un año y poseer vínculos familiares con otros extranjeros residentes.

Ahora que el Gobierno socialista se plantea reformar la Ley de Extranjería, hacemos un repaso por la situación entre nuestros principales socios europeos.

FRANCIA

El país vecino ha sido uno de los más duros con el Ejecutivo de Zapatero por haber realizado la regularización masiva de inmigrantes. Francia también cuenta con una importante bolsa de irregulares, cifrada entre 200.000 y 400.000. Un extranjero sin papeles puede obtener una autorización de residencia si puede aportar documentos que demuestren que lleva viviendo en Francia durante los últimos 10 años y no sólo dos, como sucede en nuestro país. Y, en cualquier caso, no puede vivir en poligamia. En Francia, donde la enseñanza entre los seis y los 16 años es obligatoria, y donde un menor nunca está en situación irregular, todos los niños, incluidos los hijos de padres que se encuentran de forma ilegal en el país, tienen derecho a ser escolarizados. En cuanto a la sanidad, ningún extranjero en situación irregular tiene derecho a la Seguridad Social, aunque sí pueden beneficiarse de la llamada Ayuda Médica del Estado, que les permite ser atendidos por médicos en los hospitales de las ciudades. Eso sí, desde 2004 se les exige estar residiendo en Francia de forma ininterrumpida durante los últimos tres meses por lo menos. Los inmigrantes que llegan a la frontera sin pasaporte ni visa pueden ser instalados en las zonas de espera por un periodo de cuatro días, que puede ser ampliado hasta 20 como máximo por decisión del juez. Distinto es el caso de aquellos que son objeto de una medida de alejamiento para su expulsión, que son instalados en los centros de retención administrativa y pueden permanecer encerrados hasta 32 días. / ASUNCION SERENA

ALEMANIA

Según organizaciones no gubernamentales, entre 500.000 y 1.500.000 de personas viven sin papeles en Alemania. La entrada o permanencia ilegal en el país está considerada como delito, penado con la cárcel. Una vez descubiertos, los irregulares son conducidos a centros de internamiento, donde pueden permanecer hasta dos semanas, un periodo que puede alargarse sin necesidad de una nueva orden judicial hasta un máximo de 18 meses. Pasado ese tiempo, y si aún no se ha conseguido formalizar la expulsión, los clandestinos abandonan los centros de internamiento y permanecen en libertad a la espera de poder ser repatriados. En estos casos, el inmigrante queda en la misma situación que los solicitantes de asilo, pero con la obligación de salir del país en cuanto las condiciones lo permitan y sin la posibilidad de conseguir la residencia. En esta situación, se encuentran en la actualidad casi 300.000 personas. El Estado alemán, que tras 20 años de inmigración reglamentada en 1974 declaró el cierre de sus fronteras, no tiene en mente llevar a cabo procesos de regularización masiva. Los extranjeros no pueden empadronarse ni darse de alta en las mutuas aseguradoras, ya que, al no contar con los papeles de residencia, corren el riesgo de ser denunciados a la policía. No cuentan con asistencia sanitaria, aunque sí se les atiende en casos de urgencia y a través de ONG. Lo mismo ocurre con la escolarización, ya que en algunos estados federados los directores de colegio tienen la obligación de informar sobre la situación ilegal de los alumnos. / LAURA DEL RIO

ITALIA

Es el país europeo que más sufre, junto con España, los numerosos desembarcos de inmigrantes irregulares (unas 12.000 personas han llegado a Sicilia en pequeñas embarcaciones este año), aunque también aumenta el número de overstayers (personas que entran con permiso regular, pero que se quedan cuando les ha vencido). Estos extranjeros clandestinos no tienen derecho a la tarjeta sanitaria ni a educación gratuita. Los que son interceptados al desembarcar en las islas sicilianas (la mayoría viaja a Lampedusa, situada a un centenar de kilómetros de Africa) son conducidos a centros de acogida para su identificación (el tiempo necesario para ello oscila en torno a los 40 días). Como las instalaciones de Sicilia están desbordadas, muchos irregulares tienen que ser trasladados a otros centros de acogida en la Península, al igual que sucede en España. Al final del procedimiento de identificación, parte de los inmigrantes son expulsados. A muchos otros simplemente se les notifica el decreto de expulsión, pero no son acompañados materialmente de vuelta, así que se quedan en el país. De cada 10 clandestinos interceptados por las fuerzas del orden en 2005 (en total 116.580) sólo cuatro fueron repatriados. En los últimos años ha disminuido bastante el número de expulsados: en 2003 fueron 37.756, en 2004 fueron 35.437, y en 2005, 26.985. Para regularizarse, los inmigrantes deben esperar a que el gobierno de turno decida presentar el «decreto de flujos». Actualmente hay 570.000 peticiones de regularización sometidas a examen. / MARTA LOBATO

REINO UNIDO

La categoría de inmigrante en situación ilegal no debería existir en el Reino Unido, ya que quienes ingresan sin los mínimos requerimientos legales deben ser expulsados de inmediato. De todos modos, en el caso de los que logran pasar con un visado de turista y quedarse más allá del límite legal establecido (seis meses), no tienen derecho a la educación ni a la asistencia sanitaria, ya que para registrarte en el Servicio Nacional de Salud tienes que demostrar que puedes quedarte más de seis meses, además de tener la obligación de exhibir un comprobante de domicilio. Otra opción es la de solicitar asilo, siempre que se cuente con argumentos de índole político o humanitario para hacerlo. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoce que en la actualidad viven en el Reino Unido 570.000 inmigrantes que no tienen su pasaporte en regla, ya sea por haber ingresado de forma ilícita o por haber expirado su visado. En la práctica, hay muchos extranjeros que al no tener la documentación necesaria, suelen quedar detenidos mientras se procesan sus expedientes de asilo. Esta categoría suele tener una existencia efímera, ya que los ingresados deben aguardar la decisión de las autoridades en cuestión de semanas o pocos meses. El Gobierno señaló que en marzo de 2005 permanecían detenidos 520 extranjeros por un periodo menor a las dos semanas. En cambio, según Anmistía Internacional, la cifra de detenidos se acercaba a las 25.000 personas. Las autoridades pueden detener a cualquier solicitante de asilo sin contar con el respaldo de la Justicia. / ADRIAN SACK