J. S./CEUTA
Desde que el pasado jueves la Ciudad anunciara el fallido hermanamiento con el Partido Popular de Andalucía, en vísperas de la denuncia del PSOE por adjudicación de viviendas sociales a ciudadanos marroquíes que viven irregularmente en Ceuta, el fuego cruzado dialéctico no ha cesado. Día sí y día también se han sucedido las notas de prensa y las comparecencias cruzadas. Habiendo hablado todos los primeros espadas del Partido Popular y PSOE, sólo restaban por entrar en escena las juventudes de ambas formaciones. Así ha sido.

En pleno día festivo era el turno de Juventudes Socialistas y Nuevas Generaciones, que han vuelto a cruzar sendos comunicados manteniendo viva la polémica sobre la adjudicación de VPO a vecinos de Loma Colmenar ‘sin papeles’ en 2003, siendo consejero de Fomento el hoy senador por el Partido Popular Nicolás Fernández Cucurull.

Para JSCE es «absolutamente inaceptable» que el Gobierno «quiera obviar» un escándalo, que el propio Juan Vivas, recuerdan, llegó a reconocer «oficialmente». Un escándalo que consideran especialmente doloroso para los jóvenes ceutíes que siente «que se les cercenan sus posibilidades de emancipación en detrimento de oscuros intereses del Partido Popular», acusan.

JSCE vuelve a insistir en la manipulación a que ha sometido la Ciudad al reglamento de vivienda y recuerda que para acceder a una VPO es necesario empadronarse, al contrario de lo que sostienen desde el otro lado de la polémica, pese a que la normativa, tanto la actual como la vigente desde 1998, exija la residencia en Ceuta y la presentación del Documento Nacional de Identidad.

Pese a ello, desde Nuevas Generaciones (NN.GG.) se califica de «oportunista, desleal y rastrera» la denuncia del PSOE y sostienen la legalidad de las adjudicaciones. «Han consentido cuatro años y es tan responsable el que consiente como el que acomete», sostienen desde NN.GG. en referencia a que los hechos sucedieron en 2003, «lo que tiene que explicar es por qué durante todos estos años no le ha parecido un escándalo». En opinión de las juventudes populares, la denuncia sólo trata de «ocultar» el «escándalo mayúsculo» la entrega de vehículos a Marruecos. Entrega que finalmente se hizo desde el puerto ceutí en vez de por el paso del Tarajal.