El gran pacto nacional sobre inmigración no corre prisa alguna. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acordó ayer delegar en una subcomisión parlamentaria del Congreso la búsqueda de un acuerdo en esta materia. El grupo de trabajo no tiene aún calendario ni tampoco tendrá un plazo fijo para la toma de decisiones.


El portavoz del Partido Popular en la cámara baja, Eduardo Zaplana, aceptó participar en el debate pero dejó claro que sólo se avendrá a un pacto si el Ejecutivo asume las propuestas planteadas por su formación, entre ellas, la prohibición por ley las regulaciones masivas.


María Teresa Fernández de la Vega acudió a la cita con los portavoces parlamentarios sin un documento claro sobre los planes del Ejecutivo. Por escrito llevó, eso sí, unas “bases” para el diálogo desmenuzadas en 25 puntos, pero la mayor parte de los grupos coincidieron en definirlas como “demasiado genéricas”. “Creemos –se explicó la número dos del Gobierno– que el acuerdo lo tenemos que construir entre todos; no habría tenido sentido venir aquí con un texto cerrado y exigir adhesiones”.


Este método de trabajo, que a su juicio debería facilitar el consenso, contó sin embargo con duras críticas. Y no sólo del principal partido de la oposición. El portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, acusó al Gobierno de pretender “ganar tiempo” para frenar el desgaste que le está suponiendo la política migratoria. A su modo de ver, la subcomisión parlamentaria “servirá para poco” y ralentizará la aplicación de unas medidas que ya urgen.


Fernández de la Vega apuntó que el Ejecutivo no esperará a la elaboración de un informe final por parte de los grupos para aplicar los acuerdos que se vayan produciendo en el Congreso. Pero lo que parece difícil es que efectivamente haya consenso cuando la postura entre las formaciones son tan distantes.


Los nacionalistas canarios coinciden con los populares en la necesidad de modificar la ley de Extranjería para, entre otras cosas, ampliar los plazos de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Ayer el máximo es de 40 días; insuficiente, sostienen, para gestionar las repatriaciones. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, por el contrario, se niegan a hacer modificaciones.