MADRID – Nuevos cambios a la vista en la Ley de Extranjería. Lo insinuó
ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, aunque su objetivo prioritario era transmitir el deseo del Gobierno
de abordar una política común de inmigración y cerrar un acuerdo nacional
con todos los grupos políticos, esté o no esté el PP.
   El ansiado pacto en inmigración se tratará de cocinar en el seno de una
subcomisión en el Congreso. Sin embargo, la idea de convergencia en una
materia en la que ya lleva las riendas Vicepresidencia del Gobierno, lo
que hasta ahora nunca había ocurrido, parte ya con la falta de apoyo del
PP y los recelos de Coalición Canaria.
   Los populares piensan
que la iniciativa del Ejecutivo no es la solución, responde a una
estrategia preelectoral y creen que lo que pretende el Gobierno es
hacerles «cómplices de sus errores». Aún así, acudirán a la subcomisión.
Lo que el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, no entiende es cómo hace un
mes la Cámara rechazó una propuesta para crear una comisión mixta
Congreso – Senado de Inmigración y ahora el Gobierno se descuelgue tratando
de alcanzar un consenso.
   «Va a servir de poco»
   Tampoco encontró mucho sentido a la subcomisión el portavoz de Coalición
Canaria, Paulino Rivero. Entre otras cosas porque entiende que «va a
servir de poco». Tiene clara la estrategia del Ejecutivo con su propuesta
de Pacto de Estado: «Enfriar la situación, quitar del primer plano de la
actualidad política la inmigración y dilatar los asuntos en el tiempo,
cuando hay decisiones que se podrían adoptar de manera inmediata». Rivero
considera que hay medidas que se deben llevar a cabo y que «no necesitan
mucho que estudiar». Aún así, está dispuesto a dar un pequeño margen. «Si
percibimos que hay una voluntad de dilatar en el tiempo el problema, en un
mes presentaremos una proposicón de ley con el paquete de medidas urgentes
que consideramos que hay que tomar».
   Al mismo tiempo, acusó al
Gobierno de apropiarse ideas de otros partidos, como la creación de un
mando operativo único en Canarias, propuesta de CC, o la del PP de crear
agencias de contratación en los países de origen de los extranjeros.
   De la Vega puso ayer sobre la mesa a todos los grupos parlamentarios un
documento con 25 planteamientos generales que, a su juicio, recogen el 70
por ciento del centenar de iniciativas que el PP ha hecho en inmigración.
«El acuerdo lo tenemos que construir entre todos porque España necesita
una política de inmigración común», insistió.
   Según la vicepresidenta, esta es la tercera ocasión en que el Ejecutivo
trata de alcanzar un pacto de Estado de Inmigración: «Lo intentamos en
2003, lo intentamos en septiembre de 2004, antes de que se modificara el
reglamento de la Ley de Extranjería, y hoy abordamos de nuevo esa política
común».
   De la Vega también anunció la necesidad de una
nueva reforma de la Ley de Extranjería que, de llevarse a cabo este año,
sería la quinta en los últimos seis años. Eso sin contar con los dos
reglamentos que la desarrollan. Se convertiría así en la Ley Orgánica que
más reformas ha sufrido. Para empezar, sería necesario aplicar tres
directivas europeas que ya de por sí suponen una reforma normativa. Se
quiere cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para la persecución
universal de las mafias que trafican con seres humanos y, además,
«estudiaremos otras reformas en el seno de la subcomisión, pero hay que
hacerlo de forma consensuada y abordarlas con serenidad», dijo De la Vega.
   Salvo PP y CC, el resto de grupos parlamentarios secundaron la propuesta
del Gobierno y la vieron como «una oportunidad» para sacar la inmigración
del enfrentamiento partidista. El portavoz de CiU, Duran i Lleida, entonó
el mea culpa: «la sociedad española está desbordada y todos, sin
excepción, hemos cometido errores, ¡todos!, pero no hay que mirar atrás.
Bienvenida sea la iniciativa del Gobierno». Joan Puigcercós, por ERC, hizo
hincapié en la necesidad de aumentar las ayudas sociales y en crear un
fondo para la inmigración, mientras que Gaspar Llamazares y Joan Saura, de
IU – ICV, amenazaron con que «si entramos en una dinámica de restricción de
derechos nosotros no continuaremos, no queremos un concurso para ver quién
hace el discurso más duro sobre inmigración».
   Mientras los grupos parlamentarios intentaban sentar las bases de un
pacto, el presidente de Senegal, Abdulayé Wade, solicitaba a las
autoridades españolas que suspendan los vuelos de repatriación de
inmigrantes . Un día antes, el ministro de Exteriores, no lograba arrancar
un convenio de repatriación automática de senegaleses.