J. L. LORENTE

MADRID. El Gobierno socialista y los grupos minoritarios del Congreso alcanzaron ayer un pacto por el que se comprometen a trabajar de manera conjunta en el desarrollo de una política común de inmigración. Así se acordó ayer en una ronda de contactos por separado que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo en la Cámara Baja con los portavoces de los partidos con representación parlamentaria. El PP se desmarcó del acuerdo, aunque dejó claro que participará en los trabajos del Congreso.

Durante las reuniones, Fernández de la Vega entregó a los portavoces un documento denominado «Bases para una política de inmigración común». La principal novedad del texto es que el Gobierno pretende que sea una subcomisión del Congreso la que arregle los problemas de la inmigración irregular.

De la Vega espera que el PP ayude

Se da la circunstancia de que la semana pasada el Pleno de la Cámara Baja rechazó – con los votos del PSOE y sus socios – una moción del PP en la que se pedía la creación de una Comisión Mixta Congreso – Senado sobre política migratoria. La diferencia entre una comisión y una subcomisión es que la primera es pública, mientras la segunda se reúne a puerta cerrada.

La vicepresidenta del Gobierno señaló al término de la ronda de contactos que el acuerdo con las minorías es un «gran paso» para lograr «una inmigración ordenada». Lamentó, además, la postura reacia del PP a llegar a un acuerdo, aunque se mostró esperanzada en que al final se incorpore al pacto, tras asegurar que buena parte de las propuestas de los populares están recogidas en el documento.

Motivos «electorales»

El PP tiene «dudas razonables» sobre la actitud del Gobierno y se muestra contrario a constituir una subcomisión para abordar este asunto, entre otras cosas, porque «suelen ser secretas». El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, se encargó de descalificar la gestión del Ejecutivo socialista al afirmar que «el PSOE no busca socios para un pacto, sino cómplices de su fracaso».

Zaplana considera que la iniciativa de reunir a los grupos responde a la preocupación del Gobierno por las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Además, los populares tienen claro que los socialistas «jamás han querido el entendimiento» y que sus ofertas a los partidos políticos para lograr un acuerdo son meros planteamientos «grandilocuentes y sin concreción». El portavoz de los populares ironizó también sobre las propuestas del Ejecutivo que, a su modo de ver, «quiere pasar del «papeles para todos» al «todos somos culpables»».

Caso curioso fue el de Coalición Canaria. Tras suscribir el pacto, los regionalistas de CC acusaron al Gobierno de «pretender ganar tiempo» con su oferta de acuerdo.