El PP trabajará en la subcomisión, pero es el único que no acepta sacar el asunto de la confrontación Todos los partidos con representación parlamentaria acordaron ayer con el Gobierno buscar una política de inmigración común.

Como ya es norma habitual, el PP quedó por propia voluntad excluido del acuerdo, aunque sí accede a participar en los trabajos de la subcomisión parlamentaria que concretará el pacto de Estado y a apoyar las medidas con las que esté de acuerdo.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió ayer en el Congreso con los 10 portavoces parlamentarios, uno tras otro, y les expuso las 25 bases y los cinco principios en los que se enmarcará el futuro acuerdo.

«Hoy se ha dado un paso hacia la inmigración legal y ordenada», aseguró Fernández de la Vega.

La número dos del Gobierno presentó ayer a los grupos un documento que concluye con el siguiente párrafo: «Sobre las bases expuestas, con la voluntad de evitar la confrontación en torno al fenómeno migratorio y alcanzar un gran consenso sobre la política de inmigración, se promoverá la creación de una subcomisión parlamentaria de estudio, evaluación y formulación de una política migratoria común».

Es decir, que el acuerdo incluye la renuncia a utilizar la inmigración como elemento de «confrontación», o sea, como arma electoral. El modelo es el del Pacto de Toledo sobre pensiones, que parte de una subcomisión que sigue constituida y que periódicamente hace propuestas y produce acuerdos.

La subcomisión se constituirá inmediatamente e irá haciendo propuestas según vaya tratando cada tema. La vicepresidenta lamentó la negativa del PP a suscribir el acuerdo, aunque valoró que no renuncie a estar presente en la subcomisión y aseguró que de las 100 propuestas presentadas por los populares, el Gobierno comparte el 70%.

Citas electorales

El PP, por lo explicado por Eduardo Zaplana, mantiene su posición de que el Gobierno ha de reconocer sus errores en inmigración, empezando por la regularización, y por eso no renuncia a esgrimir este asunto en las próximas citas electorales.

El socialista Diego López Garrido aprovechó esta posición de Zaplana para hablar de «posición destructiva». Además del PSOE, el más entusiasta en el apoyo al acuerdo fue el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que mostró su «plena sintonía con el Gobierno» y afirmó que «no cabe ninguna excusa para quedarse fuera».

En una posición intermedia se situó Coalición Canaria, cuyo portavoz, Paulino Rivero, se sumó al acuerdo, pero sostuvo que las medidas del pacto político que propone el Gobierno son «genéricas y para ganar tiempo». Rivero arremetió contra el PP por quedarse fuera y anunció que en caso de que en un mes no perciba «una voluntad de avanzar» por parte del Gobierno, presentará en el Congreso una proposición de ley con medidas alternativas.