El Gobierno promoverá la creación de una subcomisión parlamentaria de estudio, evaluación y formulación de una política migratoria común, según la propuesta entregada hoy por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a los grupos parlamentarios para acordar un Pacto de Estado de Inmigración.

El texto al que tuvo acceso Efe, que incorpora las propuestas del Ejecutivo y de los grupos políticos del Congreso, apuesta por evitar la confrontación política en torno al fenómeno migratorio y alcanzar “un gran consenso” sobre la política de inmigración.

Con esta intención y sobre las bases expuestas en el documento se promoverá la constitución de la subcomisión y, “sin perjuicio de las reformas legales” que pueda proponer, se abordará la trasposición de directivas de inmigración y la reforma de la ley del Poder Judicial para establecer el principio de persecución universal de los delitos relativos al tráfico de seres humanos.

La propuesta recoge asimismo la intención de estudiar las reformas normativas “convenientes” para mejorar la lucha contra la inmigración irregular y combatir las mafias y la criminalidad organizada.

Otro punto recoge la necesidad de aumentar “sustancialmente” la repatriación de los inmigrantes irregulares y, en el ámbito nacional, incrementar los controles fronterizos mediante la dotación de más recursos y elaborar bases de datos que permitan aumentar su eficacia.

Con el mismo objetivo, el Gobierno “debe actuar a nivel nacional e internacional, bilateral y multilateral”, y promover la firma de “convenios integrales” de inmigración con los países de origen y tránsito de estas personas que faciliten su contratación en origen, su repatriación y el establecimientos de programas de codesarrollo.

Para mejorar las infraestructuras de acogida e internamiento de los extranjeros en situación de irregularidad se abordará la construcción de nuevos centros de internamiento y se desarrollará la normativa que regula el régimen jurídico de los mismos, según el texto titulado “Bases para una Política de Inmigración Común”.

Los objetivos de la propuesta son favorecer una inmigración legal y ordenada; establecer mecanismos suficientes para canalizar las migraciones y gestionar los flujos; propiciar la plena integración social de los inmigrantes ; luchar contra la inmigración irregular, el tráfico de seres humanos y la explotación personal y laboral.

Además de la prevista puesta en marcha de la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, el texto entregado por la vicepresidenta a los grupos recoge la propuesta de potenciar las labores de la Inspección de Trabajo en las CCAA con mayor número de inmigrantes , así como recortar los costes de las transferencias de las remesas.

Añade que el crecimiento de la inmigración en la última década “requiere una urgente modernización de las estructuras administrativas, a través de un Plan de Reforma de las mismas y una simplificación y agilización de los procedimientos documentales para adecuarlos a las nuevas necesidades”.

El documento establece cinco principios: la coordinación y cooperación de la política de inmigración en todos los ámbitos administrativos, institucionales y políticos; la determinación de la capacidad de acogida atendiendo a las necesidades del mercado del trabajo; la incardinación de la política migratoria española en la política de la UE, y la promoción del desarrollo socioeconómico de los países de origen y tránsito de inmigrantes .