VALLADOLID.- El Ayuntamiento de Valladolid tiene paralizadas decenas de solicitudes de permiso para conducir taxis en la ciudad de inmigrantes residentes legales en España. Un grupo de taxistas afectados por esta situación, que no dudan en hablar de medida «claramente xenófoba», ha registrado un escrito en el Ayuntamiento solicitando una aclaración como paso previo a la presentación de una denuncia.

Fuentes oficiales del Consistorio, que confirmaron esta situación, explicaron que desde abril de 2005, fecha en la que se aprobó en pleno (sólo con los votos favorables del PP) la revisión de la Ordenanza Municipal del Servicio de Autotaxi para adaptarla al Reglamento de Transportes de Castilla y León, «sólo se permite a los ciudadanos comunitarios optar al permiso para conducir taxis».

Los taxistas propietarios de licencias que quieren contratar inmigrantes como conductores entienden que «el espíritu y finalidad de la ordenanza municipal no es otro que el de regular el ejercicio de la actividad de autotaxi, por lo que las posibles limitaciones a su ejercicio o restricciones a su acceso nunca pueden venir justificadas en criterios de origen o raza, so pena de incurrir en actuaciones discriminatorias por motivos xenófobos».

Fuentes oficiales municipales explican que, «ante la presencia numerosa de inmigrantes en la ciudad», el Ayuntamiento está «sopesando» ahora «la posibilidad de cambiar el Reglamento», ya que con respecto a este punto concreto limitación del acceso al permiso de conducir autotaxis reconoce que la normativa «puede haberse quedado obsoleta». De hecho, algunos extranjeros de fuera de la Unión Europea disponen en la actualidad de dichos permisos, concedidos después de la revisión del Reglamento.

Las mismas fuentes oficiales señalan que «los taxis no dejan de ser un servicio público» y que por lo tanto «la Administración debe tener un cierto control sobre el servicio».

Sin embargo, los propietarios de licencias que emplean a conductores para poder trabajar con sus dos vehículos ponen el grito en el cielo y 18 de ellos han enviado un escrito de queja al Ayuntamiento. «Nosotros somos empresarios y como tales, deberíamos poder contratar a quien nos diera la gana siempre y cuando se encuentre en situación legal en España», comentan indignados.

Además, los taxistas denuncian que la normativa municipal incumple la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería y que no puede situarse por encima de estas leyes.