JAVIER SAKONA/CEUTA
El punto sexto del artículo 5 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas vigente hasta el pasado 6 de octubre exigía explícitamente «residir y estar empadronado en Ceuta» para acceder a una casa de protección oficial. Más aún, según apuntó ayer la secretaria general de los socialistas ceutíes, Antonia Palomo, era estrictamente necesario presentar el documento nacional de identidad (o el pasaporte en caso de ser ciudadano comunitario) para presentar la solicitud correspondiente en Emvicesa.

Reglamento que el primer Gobierno de Juan Vivas pasó por alto al adjudicar en 2003 viviendas oficiales en Sidi Embarek a tres ciudadanos marroquíes dentro de un proceso de realojo tras la expropiación de una parcela en Loma Colmenar para la edificación del futuro hospital. Un realojo que no comprenden en el PSOE, ya que, matiza Antonia Palomo, «expropiar es quitar lo propio y para ello hay que tener algo en propiedad». Este incumplimiento lo ha confirmado implícitamente el propio Nicolás Fernández Cucurull, hoy senador popular por Ceuta y en 2003, año de adjudicación de la promoción de Sidi Embarek, consejero de Fomento. Cucurull se limitó a explicar que «se puede estar alojado en una vivienda sin ser necesariamente el propietario» , reconociendo así que los tres ciudadanos marroquíes ocupaban una vivienda en Loma Colmenar sin título de propietario alguno.

Cambios de requisitos

El Reglamento exige que los adjudicatarios tengan la nacionalidad española o sean ciudadanos comunitarios para disfrutar de una casa de protección oficial, pero estas condiciones no se cumplen en este caso, ya que ni siquiera ha sido admitido su empadronamiento después de la firma del contrato de compra venta de los citados pisos de Sidi Embarek. «Se les realojó saltándose todos los requisitos», espetó Palomo quien anunció que iban a solicitar toda la información de la citada promoción.

Asimismo, la secretaria general de los socialistas ceutíes recordó que el nuevo Reglamento – publicado en el BOCCE del pasado 6 de octubre – exige un mínimo de 48 meses de empadronamiento en Ceuta para poder solicitar una vivienda protegida. «Qué autoridad tiene ahora Emvicesa para pedir cuatro años de empadronamiento cuando se han concedido viviendas a personas que residen ilegalmente en Ceuta», se preguntó Antonia Palomo, para quien este nuevo escándalo no es sino otro oscuro episodio en la gestión de Emvicesa. La candidata a la presidencia de la Ciudad alertó del ‘efecto llamada’ que puede suponer este escándalo y dijo esperar que no sirva de ejemplo para que inmigrantes irregulares se asienten, por ejemplo, en los terrenos en los que se levantará la futura prisión, a la espera de que se les realoje en alguna promoción de VPO.

Obligados por ley

Por su parte, Nicolás Fernández Cucurull explicó ayer en rueda de prensa que la Ciudad estaba «legalmente obligada» al realojo de las personas que ocupaban la parcela de Loma Colmenar. El senador y ex consejero de Fomento recordó que los criterios de adjudicación de viviendas fueron fijados por el órgano competente , la comisión local de Vivienda, en la que tenían representación todos los grupos políticos. Cucurull relató que tras el estudio de los expedientes de realojo la Ciudad encontró tres extranjeros sin tarjeta de residente y «hay que aclarar que la normativa legal de extranjería establece que los extranjeros residentes en situación regular tienen los mismos derechos sociales que los españoles», dijo, ‘olvidando’ que los tres casos citados residían irregularmente en Ceuta.

Aquellos adjudicatarios ‘sin papeles’ eran una mujer con permiso de residencia caducado y con dos hijos menores de nacionalidad española; mujer casada con un español y un tercer caso de una mujer invidente que residía con su madre enferma y que residía desde hace años en Loma Colmenar. Cucurull quiso zanjar l a polémica recordando que los criterios de adjudicación se aprobaron según los criterios de la Comisión de Vivienda, «no hay pues ninguna irregularidad», dijo.