Multa a la consellera de Immigració balear por contratación irregular de una argentina
La Vanguardia, 11-10-2006JOANA MARIA ROQUE – PALMA DE MALLORCA
La contratación de una inmigrante argentina como asesora o jefa de gabinete de la consellera de Immigració se ha convertido en uno de los principales asuntos de polémica entre el Govern balear y la Delegación del Gobierno central tras la multa de 6.001 euros impuesta por el delegado gubernamental al Ejecutivo balear por la presunta contratación de la trabajadora.
Según el delegado del Gobierno, Ramón Socías se trata de un evidente caso de caso de transgresión de la ley de Inmigración y una arbitrariedad cometida por quien debería ejemplarizar el cumplimiento de la legalidad vigente. El Govern balear considera que existe un “vacío legal” para las contrataciones de emigrantes como cargos de confianza, por lo cual no era necesario que la argentina Laura Giorgio comunicase su cambio de actividad: de camarera a jefa del gabinete de la Conselleria d´Immigració.
Para reforzar sus argumentos y acusaciones Ramón Socías presentó a la prensa un amplio dossier con el historial de Laura Giorgio que llegó a España como turista en mayo del 2002. Poco después, conoció a la actual consellera de Immigració, Encarnación Pastor, quien en julio del 2003 intentó contratarla como empleada de su hogar y, al no conseguirlo, supuestamente por insolvencia económica, permitió que continuara viviendo en su casa con acuerdos privados.
En el 2005 la inmigrante Laura Giorgio regularizó su situación por los años que llevaba viviendo en el municipio de Felanitx, donde también reside Encarnación Pastor. En agosto del 2005 esta última consiguió contratar a la argentina Laura Giorgio como camarera, en un restaurante de su propiedad y, después de ser nombrada consellera de Immigració decidió nombrarla jefa de su gabinete.
El portavoz del Gobierno balear, Miquel Ramis, cree que el dossier presentado por el delegado del Gobierno supone una intromisión muy grave en la vida de las personas, mientras que Socías opina que si no hubiera firmado la sanción habría incurrido en prevaricación y reclama el pago de la multa.
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