Madrid – Es una de las «fisuras» del sistema, por la que se cuelan millones
de euros cada año: inmigrantes compran medicamentos con receta financiados
por el sistema nacional de salud, pero no son para ellos, sino para
enviarlos a terceros países. Así lo reveló ayer Carlos Ibáñez, director
general del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Ibáñez representa a España
en la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia
Sanitaria (Ehfcn), que hoy y mañana celebra en Madrid su III Conferencia
Internacional.
   En la presentación, de las jornadas señaló que este
fraude, detectado por las farmacias, es una de las tres principales vías
por donde se produce el fraude sanitario. Los inmigrantes, la mayoría
procedentes de países de Iberoamérica, según afirmó, acuden al centro de
salud y relatan la dolencia de algún familiar o conocido que vive en el
país de origen, obtienen la receta del sistema público, compran el fármaco
y se lo envían.
   Turismo sanitario
   Ésta es,
sin embargo, la más anecdótica de las «fisuras» del sistema. Las otras
dos, el fraude en las bajas por incapacidad temporal y el denominado
«turismo sanitario», protagonizado por pacientes que acuden a España a
someterse a intervenciones cuyo sistema de salud no cubre, cuestan
millones de euros cada año en nuestro país. La mayoría de los pacientes
son holandeses y alemanes, señaló Ibáñez. No hay, sin embargo, cifras
oficiales. La Ehfcn, que representa a 14 países, sí ha cuantificado lo que
supone el fraude y la corrupción sanitaria en toda Europa: alrededor de
30.000 millones de euros al año. Además, de acuerdo con sus datos, la
experiencia en Europa y en Estados Unidos revela que al menos un 3 por
ciento de los recursos públicos y privados dedicados a la sanidad se
pierden debido a las actividades fraudulentas.
   Así lo afirmó el
presidente de esta Red, Jim Gee, quien también es director general del
servicio contra el fraude en el sistema sanitario de Inglaterra y Gales.
Gee explicó a los medios que estas prácticas son cometidas por los propios
pacientes, profesionales sanitarios, gestores de salud pública y/o
compañías suministradoras de materiales, equipos o medicamentos.
   Como ejemplo, citó el caso de ocho compañías fabricantes de medicamentos
genéricos que se unieron para subir un 8 por ciento el precio de
medicamentos clave, como la morfina o la penicilina. Los tribunales
fallaron en su contra y las compañías tuvieron que devolver al Estado 50
de los 150 millones de euros que se estima que defraudaron. En Inglaterra
y Gales, explicó, «hemos ahorrado 1.000 millones de euros» desde que se
controla el fraude sanitario.