M. J. ÁLVAREZ

MADRID. El Ayuntamiento de Madrid arremetió ayer de nuevo contra la política de inmigración del Gobierno central. Y lo hizo en base a una operación policial de piratería de material videográfico en la que los 23 detenidos han resultado ser inmigrantes subsaharianos de Senegal y Gambia, de entre 19 y 22 años, que llegaron en cayuco a nuestro país y después, a su salida de los centros de internamiento del Archipiélago canario, fueron captados por las redes de piratería para que trabajen en el «top manta». Así lo denunció ayer el concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad Pedro Calvo.

Tras destacar la importancia de la acción policial, no sólo por la cantidad de los productos decomisados, 26.259 CD y DVD en tres pisos de Lavapiés, el responsable municipal recalcó otro aspecto fundamental y novedoso: la captación de inmigrantes ilegales en la misma puerta de los Centros de Internamiento de Canarias por las redes de piratería ya que, «muchos de los arrestados apenas llevaban dos meses de estancia ilegal en nuestro país».

Generan inseguridad y violencia

La situación, en su opinión, evidencia que «buena parte de los inmigrantes subsaharianos que son derivados a la Península en avión – 8.000 hasta la fecha sólo en la Comunidad de Madrid, tres veces más que en todo el ejercicio anterior – , acaban relacionados con redes delictivas que generan inseguridad en nuestras calles y a los que se les relaciona con el incremento del nivel de violencia con el que se cometen determinados hechos delictivos».

El concejal de Seguridad explicó que dichas organizaciones mafiosas o bien les reclutan para la falsificación, como en este caso – en las que los africanos son explotados – o bien para cometer otros hechos delictivos.

A esas redes, perfectamente organizadas, les atribuye el incremento de esa ilícita actividad que vulnera la propiedad intelectual y provoca la pérdida de empleos, que había sido muy perseguida por el consistorio, indicó. «Ello además de ser un delito, ha provocado el incremento de la piratería desde principios de verano en varios puntos de la ciudad – según los informes de la Policía Municipal – , una actividad que se había reducido sensiblemente», indicó.

Como muestra, Pedro Calvo agregó que basta echar una ojeada a las calles para ver a jóvenes inmigrantes vendiendo productos piratas o ejerciendo la mendicidad con el fin de ganarse la vida.

Esta situación es «la prueba más evidente de las consecuencias de la política de inmigración del Gobierno central y del efecto llamada provocado por el último proceso de regularización practicado hace año y medio». Tras tacharla de «fracaso absoluto por traer a nuestro país a personas que no vienen por los cauces regulares, pasan a ocupar las vías públicas y a practicar la indigencia y que contribuyen a generar inseguridad. Ése es el cado de cultivo que está creando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero», dijo Calvo, quien recalcó, acto seguido, que si se produce una nueva regularización, podrán demostrar con el documento de expulsión que llevan muchos años en España, extremo que calificó de «absolutamente ridículo».

Expulsiones que no sirven de nada

Se da la circunstancia de que varios de los arrestados tienen órdenes de expulsión por estancia ilegal en España. Cuatro de ellos acumulan hasta tres tramitadas por la Subdelegación del Gobierno de Tenerife, Salamanca y Murcia por ejercer como «manteros», lo que implica que no se pueda solicitar su internamiento.

«¿Qué hacen esas personas aquí si oficialmente están expulsadas», se interrogó Calvo. La falta de acuerdos bilaterales con los países de origen provoca que la repatriación no pueda llevarse a cabo, o, lo que es igual, se convierta en «papel mojado» como es el caso de Senegal, de donde son 20 de los 23 detenidos en la operación conjunta contra la piratería realizada por la Policía Municipal y Nacional. Calvo hizo hincapié en que «la política de inmigración de nuestro país, como ha indicado la Unión Europea, debe tener una modificación inmediata, adaptándose a criterios de racionalidad y de ayuda humanitaria», informa Efe.

«Pisos patera»

La intervención no ha finalizado aún, dado que los subsaharianos se dedicaban a la distribución de las copias fraudulentas, almacenadas en tres «pisos patera» situados en Lavapiés, Así fueron calificados por el concejal calificó el concejal por tener entre 40 y 50 metros cuadrados y estar masificados.

En la calle de Cabestreros se hallaba uno de ellos, en donde el 27 de septiembre se decomisaron 4.000 CD y 5.000 DVD y hubo cuatro arrestos. El 5 de octubre se actuó en un inmueble de la calle del Amparo, en donde se practicaron 12 detenciones y se incautaron de 3.750 Cd y 3.500 DVD. Por último, el viernes pasado se volvió a otro domicilio situado en esa última calle y se detuvo al resto del grupo con el material, listo para ser vendido. La operación sigue abierta, ya que falta detectar el lugar en donde se realizaba la producción con las «tostadoras» y el resto del material necesario para ello.