MARISA CRUZ. Enviada especial

CONAKRY.-Moratinos consigue pactar con estos países los dos primeros acuerdos de segunda generación La repatriación afectará a 156 guineanos y 500 gambianos retenidos en los centros de Canarias España firmó ayer con los gobiernos de Guinea – Conakry y Gambia los dos primeros acuerdos de segunda generación que vinculan la readmisión de inmigrantes ilegales y la ayuda a la cooperación. Estos tratados, que obligan jurídicamente a los países firmantes, entrarán en vigor a mediados de enero.

En virtud de los mismos, Guinea – Conakry se compromete a aceptar la repatriación de sus 156 nacionales retenidos en la actualidad en los centros de internamiento de Canarias, en tanto que Gambia hará lo propio con sus 500 ciudadanos que se encuentran en la misma situación. Por su parte, España pondrá a disposición de los dos países subsaharianos una ayuda inicial de urgencia de cinco millones de euros para cada uno.

La cantidad ofrecida es considerable si se tiene en cuenta que hasta el año pasado la cooperación con estos dos países apenas alcanzaba los 500.000 euros. A ello se añade, en el caso de Guinea – Conakry, el hecho de que esta república de Africa occidental no es ni mucho menos una de las grandes exportadoras de inmigración clandestina hacia territorio europeo.

La ayuda no se entregará directamente al presupuesto de los dos países afectados, como sucede con otros estados africanos como Mozambique, que ya han demostrado un correcto aprovechamiento del dinero. En este caso, los fondos se canalizarán a través de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Desarrollo o el Banco Mundial.

En cualquier caso, una vez que se compruebe el buen uso de los fondos, España volverá a rellenar el cheque de la ayuda. En este momento hay previstos para la región de Africa occidental un total de 50 millones de euros anuales, a los que habría que añadir otros 20 ofrecidos por España en la Conferencia de Rabat del pasado mes de julio.

La novedad que comportan los acuerdos de segunda generación, como los firmados ayer por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y sus homólogos guineano y gambiano, Mamadi Condé y Lamin Bajo, radica en que contemplan el problema migratorio desde un enfoque global.

En definitiva, no sólo reclaman del país de origen que acepte la devolución inmediata de sus nacionales llegados clandestinamente a España, sino que también proponen las vías para canalizar adecuadamente la inmigración legal, establecen protocolos de cooperación policial y judicial, ofrecen ayuda para el control de las fronteras, la formación de policías y personal consular y, además, una cantidad ampliable de ayuda a la cooperación a fondo perdido.

Condé destacó ayer el empeño de su país por poner en marcha «un mecanismo de control migratorio» para el que reclamaba la ayuda de España. «Nosotros», aseguró, «no queremos eludir nuestras responsabilidades». Tanto él como el ministro para la Seguridad se comprometieron a enviar inmediatamente un equipo de identificación a Canarias.

Por su parte, Moratinos recalcó que, con este tipo de acuerdos, basados en la filosofía global aprobada por los países de la UE y Africa en la Conferencia de Rabat, se pretende «demostrar que existe una nueva dimensión para gestionar la inmigración». El ministro anunció, además, la decisión del Gobierno de abrir embajada en Conakry a principios del próximo año.

Senegal es el tercer país que debería seguir en la lista de los firmantes de este tipo de acuerdos. Las negociaciones con Dakar se iniciaron antes que con Guinea, aunque Moratinos fechó a finales de año o a comienzos de 2007 el momento previsible de la firma con este Gobierno. Fuentes diplomáticas, sin embargo, acariciaban la posibilidad de que hoy, al igual que hizo ayer Gambia, el Gobierno senegalés decidiera la rúbrica inmediata del pacto.

En caso de que la firma no fuera posible, el ministro español de Asuntos Exteriores les presentará un memorando de entendimiento que es la «antesala» del acuerdo de segunda generación. No obstante, el memorando no implica obligatoriedad jurídica, sino sólo compromiso político. El caso de Senegal es el más preocupante, ya que sus ciudadanos constituyen el 60% del total de los subsaharianos llegados ilegalmente a Canarias y hay 3.477 en los centros de acogida.