El Gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios intentarán mañana un pacto de Estado sobre inmigración y, en el peor de los casos, parece probable que se acuerde crear un grupo de trabajo que redacte su contenido concreto.

El modelo, según la propuesta del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, es el del Pacto de Toledo sobre las pensiones que, entre otras cosas, sirvió para sacar ese asunto de la confrontación política.

En este caso, fuentes del Gobierno y del resto de grupos, salvo el PP, dan por hecho el acuerdo, ya que en las últimas semanas se han producido notables aproximaciones.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, será la interlocutora en nombre del Gobierno que se reúna, uno a uno, con los portavoces.

CiU y ERC coinciden en incluir como condición para el pacto la cesión a Cataluña de algunas competencias ligadas a la inmigración.

Por ejemplo, Duran Lleida sostiene que debe cederse a la comunidad autónoma la capacidad para conceder los permisos de trabajo a los inmigrantes, tal y como consta en el Estatuto recién aprobado.

El portavoz de CiU asegura que la propuesta de pacto de Estado sobre inmigración fue una iniciativa de su Grupo, a través de una proposición no de ley en el Congreso. Incluye en sus propuestas el desarrollo de la cooperación en Africa y la aplicación de la directiva europea sobre permisos de residencia de larga duración.

Por su parte, el portavoz de ERC Joan Puigcercós negocia con el Gobierno la transferencia a Cataluña de la competencia exclusiva sobre acogida e integración de inmigrantes, la de autorización de trabajo en la comunidad y la participación en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros. Si hay acuerdo, el Gobierno propondrá la modificación de la ley para ampliar el plazo máximo de retención.

Coalición Canaria es una de las formaciones que más ha impulsado la reforma de la Ley de Extranjería, tras la oleada masiva de cayucos que ha colapsado las instalaciones del archipiélago. A pesar de su deseo de cambiar la normativa, no está dispuesta a llegar a un acuerdo a cualquier precio: «No tiene sentido lograr un pacto de Estado sin el PP. No aceptaremos un acuerdo para arrinconar a los populares, porque no estamos en esa guerra. Lo que queremos es que acepten nuestras propuestas», indicó ayer el presidente de CC, Paulino Rivero. Entre sus iniciativas se incluye ampliar el periodo de internamiento de los irregulares hasta los 65 días y simplificar los trámites administrativos para agilizar las expulsiones.