EDUARDO AZUMENDI – Vitoria

El balance del primer Plan de Inserción 2003 – 2005 que ayer realizó el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, reflejó las luces y sombras del sistema de prestaciones sociales imperante en Euskadi. La economía vasca marcha bien, el nivel de paro ha caído a mínimos históricos y, sin embargo, el número de perceptores de la renta básica ha crecido sin parar en los últimos años hasta llegar a las 31.700 personas contabilizados a finales de 2005. Una cuarta parte de ellos es de origen inmigrante, un porcentaje que, además, no deja de crecer.

Azkarraga hizo un repaso de los hitos de este plan durante su comparencia ante la Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento y, sobre todo, profundizó en el déficit que presenta el sistema, en especial, en lo referente a las desigualdades territoriales en prestaciones económicas y de servicios. Por ello, anunció un cambio de modelo con vistas a la elaboración del segundo plan. Ese cambio debe ser previamente consensuado con las diputaciones y con los ayuntamientos, las otras instituciones con competencias en materia social. “La coordinación y unificación de las políticas sociales será uno de los objetivos del futuro plan. Lo que no puede ser es que un ciudadano con las mismas necesidades reciba una prestación diferente según el territorio en el que viva”, se lamentó el consejero.

Junto a esas desigualdades. Azkarraga citó como puntos débiles la fuerte incidencia del problema de la vivienda y la necesidad de mejorar la coordinación y definir las funciones que corresponden a cada administración.

A la hora de la evaluación, Azkarraga recordó que el plan pivota sobre dos pilares. Por un lado, se incluyen todas las actuaciones dirigidas de forma específica a personas en riesgo de exclusión, cuya gestión corresponde a la Viceconsejería de Inserción Social. En este campo destacan las prestaciones económicas, como la renta básica, y las políticas dirigidas a la inserción laboral. En cuanto a la renta básica, el departamento ha destinado a ella 353 millones de euros en los tres años de vigencia del plan. La cuantía de este salario social ya alcanza el 87% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A finales de 2005, sus beneficiarios llegaban a las 31.700 personas, de las que el 25% era inmigrante. En 2003, ese porcentaje se quedaba en el 17%. Las trabas que impone la ley de Extranjería para que los inmigrantes accedan al mercado laboral de manera regular aboca a muchos de ellos a este tipo de prestaciones, según el consejero. El número de perceptores prácticamente se ha doblado desde 1996, cuando se contabilizaron 16.000.

Los 78 millones de euros para las Ayudas de Emergencia Social (AES) han llegado a 65.000 hogares entre 2003 y 2005. Azkarraga reconoció que se debe modificar la estructura de esta ayuda, ya que en la actualidad la mayor parte se van a pagar alquileres, cuando esa no es su finalidad original. El objetivo es hacer frente a necesidades puntuales, como reponer un electrodoméstico o arreglar un desperfecto grave en el domicilio.

En las políticas de formación de empleo se han formalizado 5.000 convenios de inserción. Mediante estos convenios, los perceptores de la renta básica ya no reciben incondicionalmente el dinero de la Administración, sino que por esta ayuda deben comprometerse a buscar su inserción y a participar en cursos de formación.

De los 31.700 perceptores del salario social, cerca de la mitad no están en condiciones de buscar trabajo debido a que son discapacitados o jubilados que cobran pensiones mínimas. Debido a esta circunstancia, los 5.000 convenios operan sobre el otro 50%, es decir, sobre 16.000 perceptores. De esta forma, el porcentaje de convenios firmados sobre este número de beneficiarios es de un 30%.

El segundo pilar del Plan de Inserción se refiere a la reorientación de las políticas de diferentes departamentos, como los de Educación, Sanidad y Vivienda y Asuntos Sociales para paliar la situación de las personas con más problemas. Por ejemplo, Vivienda inició la construcción de 4.000 pisos sociales, mientras que Sanidad repartió 31.000 tarjetas sanitarias, casi de manera exclusiva entre inmigrantes.