LA convicción mostrada por la vicepresidenta del Gobierno sobre el ‘acuerdo nacional de inmigración’ que espera alcanzar el próximo miércoles con los portavoces de los grupos parlamentarios, recibió ayer un jarro de agua fría por parte del PP. Su presidente, Mariano Rajoy, al presentar las cien propuestas de su partido en materia de inmigración, descalificó la oferta de pacto tildándola de «trágala» e imposición de un Gobierno que busca el auxilio de la oposición tras fracasar en política migratoria. Sin embargo, y pese al nuevo desencuentro que preludian estas manifestaciones en vísperas del intento formal de lo que debería ser un pacto de Estado, a nadie le cabe a estas alturas la menor duda de que la solución al grave problema que la inmigración ilegal supone para nuestro país pasa por un firme consenso nacional.

No se sabe a ciencia cierta en torno a qué ejes pretende alcanzar el Gobierno un acuerdo con las formaciones políticas, que lleva dos semanas anunciando, pero el PP, ya formuló el pasado fin de semana un programa en esta materia que, salvo en la exigencia de prohibir por ley regularizaciones masivas, puede encajar sin problemas con las pretensiones del Ejecutivo socialista, que ya se ha mostrado dispuesto a ciertos retoques en la Ley de Extranjería. La sociedad española agradecería, como acaba de ocurrir con la Ley de Dependencia, que ambos partidos se apliquen no al pasteleo y al posibilismo inane sino al cumplimiento de sus obligaciones como representantes de los ciudadanos. Es el momento de alcanzar un pacto sobre el que no hay que discutir si es posible o no porque a estas alturas, sencillamente, es imprescindible.