J. Sánchez / R. Ruiz
madrid – Es el mejor de la familia. El más fuerte, el más valiente, el más
inteligente. Por eso lo han elegido a él. Así que, además de los cuatro
trapos que le cubren en su odisea en cayuco, el joven africano que aún no
ha cumplido los quince lleva encima la responsabilidad para con un clan
que ha pasado años de privaciones en su afán por ahorrar y enviarle a
conquistar Occidente.
¿Y dónde podría ir? A España, contestan las
mafias. Es el sitio más fácil para entrar en la Unión Europea. Allí tiene
más opciones de que no lo repatríen, encontrará trabajo, ganará dinero y
podrá pagar a los demás el viaje al paraíso. No les dicen, a las familias,
que quizá el cayuco nunca llegue a tierra, que en las costas de Canarias
detendrán a los chicos y los meterán en un centro de atención a la espera
de poder reenviarlos a casa. Que si quieren tener éxito deberán escapar y
sufrir mil calamidades hasta conseguir su primer empleo basura, y mil más
después de eso. No les dicen nada, a las familias. Sólo se quedan con sus
ahorros de años y meten al adolescente, el mejor, el más valiente, en un
cayuco rumbo a Canarias.
Según fuentes expertas en inmigración «son
ya poco más de 5.000 los menores extranjeros que las mafias han conseguido
introducir en España», y la gran mayoría de ellos ha entrado en este año
2006, «quizá por el efecto llamada».
«Una segunda
migración»
La situación, en algunas comunidades, es
insostenible. En Canarias hay más de 900 inmigrantes menores, en
Andalucía, otros tantos, más de 600 en Valencia y Cataluña y más de 300 en
Madrid. Además, «se está produciendo una segunda migración, que hacen
estos mismos menores cuando, si no les va bien en España, se pasan a otros
países de Europa», dicen los expertos. Así pues, si el Gobierno no toma
medidas para hacer correr la voz en los países de origen de los
subsaharianos de que las cosas han cambiado en España, los expertos prevén
«un crecimiento todavía mayor de la llegada de inmigrantes menores».
Y ¿por qué niños? Pues porque a los mayores se les puede repatriar de
inmediato, pero en el caso de los que no llegan a los 18, la figura de la
repatriación no existe, y lo que dicta la ley es el reagrupamiento
familiar. Esto consiste, básicamente, en que el Gobierno, a través de las
diferentes delegaciones o brigadas de Extranjería, tiene que ponerse en
contacto con países como Malí o Senegal, localizar la aldea de la que
salió el menor, saber si sus padres son buenas personas o maltratadores,
decidir si merece la pena mandar al adolescente de vuelta, y hacerlo. En
definitiva, algo parecido a buscar una aguja en un pajar, no sólo por la
falta de infraestructuras de los citados países, sino porque las familias
de los africanos lo último que quieren es ser localizadas y que el
portador de todos sus sueños vuelva a casa con las manos vacías.
Como, en la mayoría de las ocasiones es imposible dar con las familias de
los menores, la ley dice que, tras nueve meses de tutela de las
comunidades autónomas, los jóvenes tienen que recibir la tarjeta de
residencia. Vamos, que se les tiene que legalizar. Y ya con sus paleles en
la mano, se marchan de los centros de tutela, a veces incluso cambian de
ciudad de residencia, y buscan empleo y una nueva vida. La causa del
reagrupamiento familiar sigue adelante, dicen en el Gobierno, pero, según
las comunidades autónomas, ese expediente acaba en el cajón, durmiendo el
sueño de los justos. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid,
Pedro Núñez Morgades, lo tiene claro: «Se ha producido una perversión en
el sistema. Vemos a muchos niños que lloran y sufren por estar aquí, que
hasta hablan por teléfono con sus familias, que querrían volver… Pero no
lo hacen porque hay un procedimiento bloqueado en la Delegación del
Gobierno».
Cómo determinar su edad
Hasta la Policía confiesa, en «petit comité», que no son gente
suficiente, y que no tienen recursos para hacer un trabajo efectivo en
contacto con los ministerios de Exteriores de los países africanos. Pero
hay más problemas, como, por ejemplo, la forma de determinar la edad de
los chicos. Hoy por hoy lo que se hace es una radiografía de muñeca, que
da un margen de error de más menos dos años. Hay otras radiografías
posibles, como la maxilofacial y la de caderas, «pero las ong se negaron a
que se las hicieran porque decían que con tres a la vez podía haber riesgo
de que contrajeran cáncer», explican los expertos consultados.
Así, concluye Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y
ponente en las jornadas de inmigración organizadas por el PP, «el Gobierno
se ha entregado al «buenismo», y ha pasado el problema a las comunidades».