Mientras la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, lamentaba, que hubiera que «recordar» a algunos partidos que Ceuta es España tras la entrega a Marruecos de vehículos para la lucha contra la inmigración ilegal, el PSOE reveló que la empresa municipal de la vivienda, Emvicesa, adjudicó a tres ciudadanos marroquíes un piso protegido en la promoción de Sidi Embarek durante el primer Gobierno que formó Vivas con el apoyo de los tránsfugas del GIL.

«Podemos afirmar con todo el peso de la documentación que hemos recabado durante meses», anunció Gonzalo Sanz, miembro de la ejecutiva regional socialista, «que se han adjudicado tres viviendas a tres ciudadanos extranjeros que residían de forma irregular en la ciudad autónoma». Sanz afirmó además que uno de los tres adjudicatarios extranjeros, concretamente marroquíes, solicitaron el empadronamiento una vez firmado el contrato de compraventa en marzo de 2005 «y le fue denegado».

Cabe recordar que las promociones de viviendas de protección oficial están dirigidas no sólo a ciudadanos españoles sino que, en el caso de Ceuta, se exige un empadronamiento mínimo de 48 meses. Precisamente esta fue la razón por la que fueron excluídos cuatro adjudicatarios elegidos en el sorteo de las viviendas de Padre Feijoo en la barriada de Villajovita. Emvicesa aludió entonces a «empadronamiento irregular». En este caso no sólo no se cumple el plazo de empadronamiento que exige Emvicesa sino que dos de los adjudicatarios residen de forma ilegal y el tercero está en trámite de obtener la nacionalidad.

El portavoz socialista recordó que las adjudicaciones irregulares tuvieron lugar con el hoy senador Nicolás Fernández Cucurull como titular de la Consejería de Fomento y con Juan Vivas como presidente de la Ciudad, «con los votos de los tránsfugas del GIL y el apoyo del PDSC».

Los tres adjudicatarios tomaron posesión de sus pisos de protección oficial en el año 2003, año en el que se finalizó la promoción de VPO de Sidi Embarek. Estas promociones permiten a los adjudicatarios acceder a la compra de la vivienda pasado un plazo, posibilidad que han aprovechado también estos adjudicatarios sin residencia legal. «Ningún gobierno puede robar a los ceutíes», espetó Sanz, «esto es un escándalo sin precedentes». Desde el PSOE se exige a Vivas que depure responsabilidades y explique «intereses ocultos. El Gobierno debe dar una explicación a los más de siete mil ceutíes que esperan una vivienda». En opinión de Sanz resulta difícil pedir a los ciudadanos que confíen en su Gobierno y en la empresa municipal de la vivienda tras los muchos escándalos y en especial tras las irregularidades reconocidas en seis adjudicatarios de Villajovita.

Más irregularidades

«¿Quién no conoce un adjudicatario de una vivienda pública que tiene más de una casa o quién no conoce un adjudicatario de Villajovita con un sueldo de más de 300.000 pesetas?», ironizó Gonzalo Sanz poniendo en tela de juicio la legalidad de la gestión de Emvicesa y de la Ciudad en materia de vivienda. El PSOE de Ceuta ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos y no descarta emprender acciones judiciales aunque, «por ahora», esperarán una respuesta del Ejecutivo de Vivas.