MADRID – El Gobierno está dispuesto a cerrar un pacto de Estado sobre
inmigración sin el PP. Según fuentes de La Moncloa, el Ejecutivo cuenta
prácticamente ya con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias,
salvo los populares, para sellar este acuerdo nacional de inmigración. La
vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, bajo
cuya órbita recae la coordinación de esta materia, se reunirá este
miércoles por separado con todos los portavoces de los grupos
parlamentarios para sentar las bases de este pacto.
   Aunque acude con
«el mejor de los espíritus para sumar al PP al consenso», en La Moncloa se
es consciente de que no lo logrará. «El PP cree haber encontrado un arma
arrojadiza, la inmigración ilegal, contra el Gobierno de aquí hasta la
convocatoria de las elecciones generales. Por eso deberá ser Rajoy quien
explique a la sociedad las razones que le llevan, una vez más, a quedarse
solo, al margen del conjunto de los partidos», aseguran fuentes
gubernamentales.
   De la Vega ya ha sondeado la disposición de todas
las fuerzas, salvo el PP, al acuerdo. Ahora sólo resta consensuar los ejes
del mismo, sobre los que ya existe «bastante coincidencia». Este acuerdo
nacional incluirá medidas destinadas a la inmigración legal, orientadas
fundamentalmente a su integración en la sociedad española. Recogerá
también acciones contra la ilegal, como medidas conjuntas con la UE,
bilaterales entre España y los países de origen de los «sin papeles» y de
control de fronteras y de consumo doméstico. En este último punto es donde
existe más división dentro de todas las fuerzas. Coalición Canaria es
partidaria de reformar la Ley de Extranjería en el punto referido al
tiempo de internamiento de los «sin papeles», situado ahora en 40 días. La
formación canaria considera insuficiente este plazo para identificar al
irregular y propone aumentarlo a 60 días. Sin embargo, ERC e IU se oponen
a tocar cualquier aspecto de la Ley. Mientras, los populares apuestan por
su modificación para suprimir la posibilidad de realizar regularizaciones,
reforma a la que se opone el Ejecutivo.