Madrid – El PP inauguró ayer la conferencia con la que pone en marcha la
definición de su programa en materia de inmigración con un calculado
discurso políticamente correcto y sin estridencias que, según los análisis
internos, puedan perjudicar electoralmente. Todas sus propuestas se
ajustan a una misma máxima: legalidad e integración de los inmigrantes y
firmeza en la lucha contra las mafias y para evitar la entrada de
irregulares.
   Mariano Rajoy clausurará hoy el cónclave haciendo suyo
un paquete del centenar de propuestas que ha recolectado el partido de
manos de expertos, asociaciones como Cáritas o Cruz Roja, sindicatos,
catedráticos y demás colectivos relacionados con este problema. El líder
hablará de reformas legislativas y de medidas de integración, e insistirá
especialmente en la necesidad de una acción común en Europa. El PP aboga,
por ejemplo, por la expulsión inmediata de los «sin papeles» que cometan
delitos o por reforzar la obligación de las compañías de transporte
marítimo terrestre de informar a la Administración sobre la relación de
personas con visado temporal que entran en España y no hacen uso del
billete de regreso a sus países de origen. También estudia fórmulas para
agilizar la repatriación de los menores.
   El demostrado fracaso
de políticas como el multiculturalismo británico o el asimilacionismo
francés sigue alentando noticias ayer mismo se conocía la controversia
generada por las críticas del ministro británico Straw al uso del velo
musulmán, y este contexto eleva la importancia del mensaje que salió de
la primera jornada de la conferencia de los «populares»: una apuesta firme
por reivindicar que los inmigrantes asuman la legislación española y se
identifiquen, asimismo, plenamente con España. El secretario general,
Ángel Acebes, marcó el camino. «Los ciudadanos inmigrantes deben aceptar
nuestras leyes y normas de convivencia e intentar que sus hijos se
identifiquen con España y su progreso», señaló. El «número dos del PP, a
quien le tocó intervenir después del alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz – Gallardón, y de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
hizo un discurso muy pedagógico, pegado a la realidad del drama humano que
hay detrás de este fenómeno y en el que huyó de una crítica exacerbada que
desentonara con los equilibrios de los dos candidatos ya en campaña
electoral. Así, recordó que al menos 6.000 personas han perdido la vida
intentando llegar a las costas de Canarias y que expertos europeos barajan
el criterio de que uno de cada tres o cuatro inmigrantes que embarcan en
África muere antes de llegar a España. Apeló a la necesidad de impulsar un
plan de integración y de lucha contra la inmigración ilegal, de crear una
agencia de inmigración… Y en contraposición, denunció la «operación de
propaganda» del Ejecutivo y la ruptura del consenso.
   
   Propaganda del Gobierno
   «La maniobra propagandística
del Gobierno ha contribuido a cebar esa nueva esclavitud del siglo XXI que
es la inmigración ilegal. Tenemos que buscar soluciones porque las hay, es
un problema del mundo y complejo, sí, pero hay soluciones y es necesario e
imprescindible abordarlas a corto, a medio y a largo plazo». Esta frase
resume el tono general de un discurso en el que criticó el «oportunismo
político» e incidió casi más en dibujar la inmigración como una
oportunidad que en denunciar las consecuencias negativas de un fenómeno
incontrolado. «Para que siga siendo un factor positivo para España, tiene
que ser legal y controlada. La capacidad de absorción de nuestro país no
es ilimitada», subrayó, antes de destacar que aunque el empeoramiento del
tiempo reduzca la llegada de cayucos, no hay que olvidar el «coladero» de
las fronteras terrestres y aéreas.
   Por otra parte, esta vez los
discursos de Aguirre y de Gallardón no desentonaron, y casi sonó más duro
el del alcalde que el de la presidenta. Ésta imputó al ministro Rubalcaba
la responsabilidad de haber convertido el fenómeno de la inmigración en un
«drama humano» y defendió con ahínco que la llegada «ordenada» constituye
una «triple oportunidad para España, para las personas que llegan a España
y para sus países de origen». Gallardón se quejó de la falta de dotación
presupuestaria por parte del Gobierno a los ayuntamientos, que son los
primeros en atender a los inmigrantes que entran, sean legales o ilegales.
   
   Evitar el «buenismo»
   El mensaje más contundente salió, significativamente, de boca del
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ex delegado
del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Instó a «alejarse del
buenismo» y llamó también a lanzar advertencias claras a mafias y países
emisores. Sin duda, fue el más claro y contundente. Defendió una
integración que no desborde los servicios ni coloque en una segunda
posición a los nacionales, que se condicione la ayuda a los países de
procedencia con la colaboración en la ordenación de los flujos y en el
control de las mafias, que se evite que nuestro Estado de Bienestar se
convierta en un reclamo para la inmigración ilegal y las mafias, y que los
que lleguen se sometan a nuestro ordenamiento constitucional y legal.
«Hacen falta políticas rigurosas de expulsión y de control», subrayó. El
presidente del Partido Popular catalán, Josep Piqué, habló de «tolerancia
cero».