Valencia – La Generalitat Valenciana aprobó ayer el anteproyecto de una ley
que obliga a los «sin papeles» empadronados en esta comunidad a pagar el
40 por ciento de los medicamentos, tal y como lo hacen el resto de los
valencianos. El Consell modifica con ello el anterior sistema del Decreto
88/89 que les reconocía el derecho a farmacia sin aportación, es decir,
que era la Conselleria de Sanidad la que sufragaba la totalidad de sus
fármacos.
   Esta medida no implica la desaparición de la tarjeta
solidaria – que seguirá otorgando la misma asistencia sanitaria que a los
españoles a los necesitados, embarazadas y a los menores extranjeros, y
sólo la asistencia de urgencias a los no empadronados con recursos – . Lo
que intenta, aseguran sus promotores, es que los «sin papeles» se
registren en sus ayuntamientos para que puedan disponer de su tarjeta SIP
(Sistema de Información Poblacional) y acceder con ello a las mismas
prestaciones sanitarias que el resto de los valencianos. Con los mismos
derechos y con las mismas obligaciones, en este caso de índole económica.
   La Ley de Aseguramiento espera erradicar el fraude en el acceso a la
prestación sanitaria y evitar así el conocido como «turismo sanitario»,
según explicó ayer el conseller de Sanidad, Rafael Blasco. Este tipo de
turismo ocasiona importantes gastos a las arcas de la Generalitat
Valenciana, que en reiteradas ocasiones ha pedido ayuda al Gobierno
central para acabar con este fraude o al menos, para mitigar sus
repercusiones.
   Modelo de financiación
   Al
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le han solicitado también que se
revise el modelo de financiación del sistema sanitario autonómico. La
Comunidad Valenciana, con una población de 4,7 millones de ciudadanos,
presta asistencia a casi 5,1 millones de usuarios, lo que indica que
existen 400.000 personas que el Estado no computa a la hora de establecer
dicha financiación, pues no están regularizados y suponen 300 millones de
euros de gasto anual.
   La nueva ley será un arma para controlar este
asunto, ya que permitirá tener registradas a todas las personas que
accedan al sistema sanitario público.
   De este modo, la
Generalitat Valenciana podrá acceder a facturar los gastos por asistencia
en los casos en los que el enfermo proceda de países de la Unión Europea
con convenio internacional vigente, de Andorra, Brasil, Chile, Perú,
Paraguay y Marruecos.
   No obstante, la Administración valenciana se
compromete a garantizar el derecho de todos, españoles o extranjeros, a la
asistencia sanitaria, pero recuerda que ello no impedirá reclamar a sus
respectivas administraciones el coste que supone esta atención de
desplazados, incluidos aquellos procedentes de otras comunidades autónomas.
   Para el conseller de Sanidad, todo ello contribuirá a hacer posible la
viabilidad del sistema sanitario valenciano al que se destina la mayor
parte del presupuesto autonómico.