P. CERVILLA / C. DE LA HOZ

MADRID/LUGO. El Gobierno lanzará la semana próxima una ofensiva parlamentaria para intentar recabar el apoyo de los grupos, al objeto de «sentar las bases del acuerdo nacional de inmigración», según lo anunciado ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Será la propia Fernández de la Vega la que asuma el protagonismo de la negociación, que se iniciará con una reunión, posiblemente el miércoles, con los portavoces parlamentarios. Desde el Gobierno se confía en la «responsabilidad de todos los Grupos, incluido el PP», para la búsqueda de este acuerdo, ya que la vicepresidenta primera entiende que «hay elementos comunes» y que el Ejecutivo buscará el consenso «con las posiciones de otros grupos, que son muy parecidas a las nuestras; hay pocas diferencias, que vamos a tratar de superar».

Evitar regularizaciones

La vicepresidenta ya ha recibido el primer aviso ante esta posibilidad de pacto, desde las filas de IU, cuyo portavoz, Gaspar Llamazares, le ha advertido que no aceptará un acuerdo basado «en medidas policiales, mano dura y alarmismo».

Dentro de estos lugares comunes a los que aludía el Gobierno, Fernández de la Vega recibió con satisfacción la propuesta del PP de creación de una agencia de empleo, pero advirtió que esta iniciativa ya se encuentra en el Reglamento de Extranjería.

Esta satisfacción de la vicepresidenta se extendió también a la decisión de la UE de obligar a todos los países a comunicar los procesos de regularización, en un intento de evitar el caso español. A pesar de las críticas a la actuación que tuvo en su día el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta se adjudicó el mérito de esta decisión y afirmó que «es lógico que haya más información, ya que en el pasado no se producía. Es una noticia muy positiva para el Gobierno, ya que hemos conseguido que la inmigración sea un tema prioritario en Europa. Estamos en un momento clave para que Europa asuma que España no puede en solitario encarar el desafío más importante de los países desarrollados».

Triturados por la UE

Se trata en todo caso de una visión sobre la actitud europea abiertamente discordante con la expresada ayer por Mariano Rajoy. El presidente del PP aprovechó la presentación del candidato a la alcaldía de Lugo, Joaquín García Díez, para puntualizar que en materia de inmigración «fuimos triturados por la UE, porque nadie entiende nada de lo que ha hecho este Gobierno».

Rajoy anunció la presentación hoy de cien propuestas sobre inmigración, que constituyen la alternativa de su partido ante lo que definió como el problema más importante de España y la Unión Europea, y ante el que considera que el Gobierno socialista «no podía haberlo hecho peor». La presentación de un paquete nuevo de iniciativas para hacer frente a este problema, del que ya adelantó algunas medidas ante la Junta directiva de su partido en la reunión del pasado día 4 de septiembre, se producirá durante el transcurso de una Conferencia que, sobre inmigración, celebran los populares en Madrid, y que se inauguró ayer. No ha dejado de resultar llamativa para el PP la coincidencia del anuncio de la vicepresidenta primera con la cita popular, en un intento, a su juicio, «de contraprogamarla». En la sede del primer partido de la oposición subrayan que aunque es cierto que ya hubo un primer, y discreto, contacto entre el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, y Fernández de la Vega, para tratar este asunto, «no se nos presentó ninguna propuesta, no se nos explicó qué es lo que quiere hacer ahora el Gobierno con el problema de la inmigración». De hecho, los populares se enteraron de la convocatoria del próximo miércoles a través de los medios de comunicación «sin ningún tipo de convocatoria formal» anterior.

Lo cierto es que, a diferencia de otras cuestiones como el 11 – M, la respuesta del PP a la oferta de Pacto de Estado sobre Inmigración ha provocado un cierre de filas entre dirigentes populares de perfiles muy diversos. Hay coincidencia en el análisis de que el Gobierno pretende sacar esta cuestión del debate político después de ver con nerviosismo cómo las encuestas la sitúan como la segunda preocupación de los españoles (la primera en Cataluña), sólo después del paro. Fue entonces cuando se produjo el evidente cambio de tono de la vicepresidenta y una propuesta de consenso a la oposición. «Todo ello – denuncian en el PP – sin olvidar que Zapatero cambió en diciembre de 2004 el reglamento de la Ley de Extranjería (que estaba consensuada) para llevar adelante su proceso de regularización masiva».