ERENA CALVO

LAS PALMAS. El acuartelamiento tinerfeño de Las Raíces y sus condiciones de seguridad han suscitado un aluvión de críticas desde que se habilitó en marzo para acoger a inmigrantes «provisionalmente». Con 700 plazas iniciales, ahora dispone de tres mil y ha llegado a albergar a más de seis mil africanos. Durante las últimas semanas no han cesado las denuncias acerca de las supuestas fugas de los «sin papeles», que tratarían de librarse así de ser devueltos a su país de origen. No en vano, las evasiones comenzaron a producirse cuando Senegal aceptó la devolución de sus ciudadanos.

Desde el Ministerio del Interior se reconoce la existencia de las fugas, aunque minimizando su impacto. «Por razones obvias, los inmigrantes no pueden salir de Canarias, por lo que es una huida limitada», valoró esta semana el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo cierto es que la mayoría de los africanos regresa al centro pasadas unas horas; «son muy pocos los que cuentan con alguien a quien recurrir», explicó a ABC Juan Pablo González, representante del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Canarias.

Pero cómo huir de Las Raíces ha dejado de ser el único problema. «Ahora, cuando vuelven al centro, los militares que vigilan la entrada les niegan el acceso». Los agentes, apunta, recogen a los indocumentados y los derivan a Hoya Fría, el otro centro de internamiento de la isla. Esta situación, «originada por la falta de comunicación entre Interior y Defensa», provoca un gran «descontrol». Según el último recuento, «son 67 los fugados; pero es imposible conocer la cifra con exactitud porque algunos de los que se escaparon puede que estén en Hoya Fría, algo que por su puesto no consta por escrito». De hecho, se calcula en una veintena los «desaparecidos».

Dimisiones

Pero los inmigrantes no son los únicos a los que se niega la entrada. Los propios agentes destinados en el centro «tienen que presentar su documento de identidad para que les permitan el acceso». El ambiente entre ambas instituciones «es cada vez más tenso», explican desde el SUP, cuya comisión ejecutiva nacional ha demandado «la dimisión del General Pérez Andreu, jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias» a cuenta de un enfrentamiento que se desencadenó después de que los policías trasladasen a un grupo de africanos a unos pabellones que suelen usar los soldados para dormir cuando están de guardia. No obtante, portavoces militares aseguraron desconocer este hecho. Sin embargo, lejos de suavizarse las relaciones, «los conflictos se reproducen casi a diario» relata Agustín Brito, portavoz de la Confederación Española de Policía en Canarias. Brito denuncia que por las noches los militares cortan la electricidad, «lo que dificulta la vigilancia». Desde el Mando de Canarias explican que el centro es un acuartelamiento abandonado, «sin la seguridad de los que están en uso», y que no cuenta con iluminación exterior. «Las luces del recinto, tres grandes focos, siempre están encendidas; hasta las doce de la noche, que se apagan». Si alguien lo necesita, informaron a ABC, «se vuelven a encender».

El consejero canario de la Presidencia, José Miguel Ruano, también criticó ayer la «inseguridad» de Las Raíces, máxime cuando «se ha retirado ya el dispositivo exterior de la Guardia Civil, que vigilaba el perímetro del centro desde la última fuga masiva, ocurrida el 23 de septiembre cuando huyeron cien inmigrantes».