C. MORCILLO

MADRID. El general de división de la Guardia Civil Cándido Cardiel dirigirá el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), con sede en Las Palmas, creado por el Gobierno para luchar contra la inmigración en las islas. Desde ese cargo, Cardiel centralizará el trabajo de policías, guardias civiles, militares, personal de Salvamento Marítimo y de Cruz Roja, y controlará los medios europeos desplegados en Canarias y en los países africanos en los que participa la agencia europea Frontex.

El nuevo «mando único», actual subdirector general de Apoyo del Instituto Armado y que dependerá directamente del Director General de Policía y Guardia Civil, fue enviado a Canarias hace ya varias semanas, pero hasta ayer el Consejo de Ministros no aprobó el cargo.

Cardiel dirigirá los tres niveles fijados de lucha contra la inmigración ilegal y al personal que participa en los mismos: el primero y más alejado en Mauritania y Senegal, donde están desplegadadas patrullas conjuntas, por un lado, y medios de Frontex, por otro, coordinados por España; el segundo, con medios del Ministerio de Defensa, la llamada «operación Noble Centinela», en la que participan cuatro buques y tres aviones, que vigilan más allá de las aguas jurisdiccionales, y el tercero, en zona de Canarias con personal de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía.

Esta labor se llevará a cabo desde del CCRC, en el que también se ha integrado el centro de coordinación de Frontex que tenía su sede en Tenerife, y el de operaciones navales del Mando Naval de Canarias. El recién creado centro de coordinación contará con veinte personas de carácter fijo de todos los organismos implicados en la lucha contra la inmigración irregular y cada órgano aportará un enlace. En las reuniones concretas se incorporará personal especializado en la materia.

«Estrechar» coordinación

El Gobierno justifica la creación de esta «autoridad de coordinación» en tres objetivos: optimizar recursos humanos y materiales para combatir a las mafias, gestionar la información aportada por los distintos Cuerpos y países y «estrechar» la coordinación entre todos los organismos. Una de las funciones que tendrá el centro regional es la de decidir el reparto de inmigrantes irregulares en los centros de internamiento, una labor que hasta ahora era competencia exclusiva de la Policía. «Tendrá esa atribución, igual que la de decisión sobre traslados a hospitales o evacuaciones», explican desde Interior. Estas fuentes consideran poco probable que la nueva estructura implique una participación del Ejército en el despliegue que España mantiene en Senegal y Mauritania, dadas las reticencias a lo que consideran una invasión de su soberanía.