España obtuvo ayer un compromiso político de la UE, aún por concretar, respecto al reforzamiento de sus fronteras marítimas. Rubalcaba se llevó de Luxemburgo, además, el acuerdo de ampliación hasta fin de año del operativo que Frontex y varios socios tienen desplegado en el Atlántico para gestionar las oleadas de cayucos.

FERNANDO GARCÍA – LUXEMBURGO. Enviado especial

Los ministros aprobaron el sistema que obliga a cada socio a informar al resto de medidas como las regularizaciones masivas
Los socios europeos asumieron ayer como reto común el refuerzo y mejora en la vigilancia y el control de las fronteras marítimas de España – así como de Italia, Grecia y Malta- ante las crecientes oleadas de inmigrantes sin papeles. Los Veinticinco suscribieron este apoyo mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia. Fue un compromiso firme en lo político pero aún algo vago e inconcreto en cuanto a fijación de recursos y medidas precisas. Un compromiso que sonó a triunfo cuando el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba lo anunció a la prensa y a promesa insuficiente cuando, al tiempo, se conoció la muerte de veinte africanos al sur de Gran Canaria.

El acuerdo europeo arranca con el “reconocimiento de la necesidad de una respuesta europea adecuada a la crisis humana cada vez más grave que se registra en el Mediterráneo y en la costa atlántica”. Esa respuesta “debe tener en cuenta – asumen los socios- las particularidades de la frontera exterior marítima meridional, incluida la cooperación con países terceros, y fundarse en los principios de una solidaridad europea tangible, con un reparto equitativo de responsabilidades entre los estados miembros y entre éstos y los países de origen o tránsito”.

La contundencia de esta declaración y su orientación en un sentido coincidente con las políticas españolas permitieron a Rubalcaba sacar pecho ante el refuerzo que la decisión suponía para el Gobierno. “Ahora somos más eficaces y más fuertes” para gestionar los problemas de la inmigración, dijo.

El ministro español destacó el hecho de que, en virtud del acuerdo de ayer y otros anteriores, la UE acompañará y ayudará a España, con todo su peso y su experiencia, en las cruciales negociaciones con los países de origen y tránsito en torno a la repatriación y readmisión de sin papeles;el control de sus propias fronteras para evitar que lleguen a salir; las medidas desincentivadoras que puedan disuadirles y la mejora en la cooperación al desarrollo en tanto que principal política para abordar la raíz del asunto.

Además de asumir el problema de las fronteras marítimas como asunto de toda la UE, el texto pactado ayer es una plataforma de lanzamiento de medidas futuras, que no inmediatas. Un ejemplo: “El Consejo se compromete a trabajar con vistas a la rápida adopción de la propuesta de la Comisión para crear equipos de intervención rápida en las fronteras”, dice el texto. En la misma línea, el acuerdo recoge compromisos para “acordar un programa general de solidaridad y gestión de flujos migratorios” para el periodo presupuestario 2007-2013 o “establecer un inventario de los equipos de vigilancia de fronteras que cada socio esté dispuesto a poner a disposición de otros socios”.

La única medida concreta que se activó ayer – aunque ya venía pactada- fue la prolongación hasta fin de año, “al menos”, del operativo aeronaval que Frontex tiene en aguas y costas de África y Canarias, el cual iba a funcionar en principio de mayo a octubre aunque por problemas diversos y por pereza de los estados participantes no arrancó hasta agosto. La prolongación de la misión costará de dos a tres millones de euros, cifra que la ahorrativa y burocratizada UE no tendrá problema en rascar de diferentes dotaciones.

Ningún ministro se opuso a la ampliación del operativo. Rubalcaba obtuvo el compromiso de su colega italiano de mantener los efectivos que este país aporta al despliegue. Y pidió a Portugal que desplace a Guinea Bissau los medios que ahora tiene en Cabo Verde. Interior pedirá a otros socios más patrulleras y helicópteros con que vigilar las aguas.

El Consejo aprobó formalmente el mecanismo por el que, desde noviembre, cada Estado deberá comunicar al resto sus decisiones sobre asilo e inmigración, como las regularizaciones masivas de sin papeles.La medida tiene que ver con las críticas de Alemania, Francia y Holanda contra la regularización aplicada en España en el 2005, críticas que Rubalcaba tildó de “agua pasada”.