Francisco Suárez Álamo / Director de CANARIAS7

Lo fácil en casos como el del joven homicida que se fugó de un centro de internamiento es sembrar la alarma. Rellenar esta columna removiendo las bajas pasiones a cuenta del hecho de que un delincuente considerado como muy peligroso y condenado recientemente se haya fugado – todo ello sin necesidad de estar años y años picando piedra para hacer un túnel bajo el subsuelo del inmueble donde estaba confinado – , es de lo más sencillo. Basta con exponer los hechos con crudeza y aderezarlo todo con el ingrediente de que su fuga se produce en las proximidades de núcleos habitados, pues no estamos hablando de un centro situado en una isla desierta cual colonia francesa en el Caribe. Definitivamente, esto no es Papillón y el fugado no es ningún rebelde incomprendido, pero también, definitivamente, algo está funcionando mal – rematadamente mal – en el sistema de vigilancia y reinserción de menores que tiene en marcha la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

El otro día era un vigilante dormido en horario laboral y ahora es una fuga en un centro cuya seguridad cuesta unos cuantos euros – y no pocos – que el Gobierno canario paga a la empresa correspondiente – en este caso, Securitas – . Ahora que se abre la veda de los fallos, se multiplican las llamadas de trabajadores de los centros contando barbaridades de lo que allí sucede, exponiendo miserias humanas y denunciando cómo un drástico recorte presupuestario está dejando al 70% los planes de seguridad y, sobre todo, de reinserción de quienes en su día delinquieron.

En paralelo, hay que admitir la dificultad de las soluciones mágicas al complejo problema de los menores. Sobre todo, porque desde el punto de vista de la edad y la legalidad son menores, pero en ocasiones con una mentalidad delictiva que supera a la de los adultos. La prioridad, en todo caso, es devolverlos por la senda de la sociabilidad, pero ese objetivo se ha de acompasar con el necesario castigo cuando se transgreden las normas.

El rompecabezas, en suma, es muy complejo y es precisamente esa dificultad la que obliga a la Administración implicada – en este caso, el Gobierno canario – a hacer un esfuerzo para buscar la complicidad del resto de agentes sociales e institucionales – jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etcétera – . Lo que no se explica es que en lugar de volcarse en esa prioridad, el director general del Menor tuviese tiempo ayer para participar en la muy teatral convocatoria a los medios para ver con cuánta pena despedía a los menores inmigrantes que salen a otros puntos de la Península – menores, por cierto, que se van por empeño del mismo Gobierno canario que tanto lamenta su marcha – .

Sencillamente incomprensible.

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