La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, no tiene abuela ni pelos en la lengua a la hora de enfrentarse a la oposición para defender la gestión de sus departamentos, especialmente el área de menores. Si no fuese por su marcado acento y talento chicharrero se la podría ubicar en primera línea de una manifestación feminista. Defiende Zamora causas perdidas y aunque lo hace con convicción sabe que está en el terreno político isleño, ese en el que asuntos como menores o inmigración hace años que dejaron de ser  sagrados ámbitos de gestión pública para convertirse en felpudos políticos. Este escenario no exime a Zamora de presentar una buena gestión ante el Parlamento de Canarias en el ámbito de los Servicios Sociales, en el que el descontento es cada día más acentuado. Marisa Zamora no contará nunca con un acuerdo global sobre asuntos en los que, gobierne quien gobierne, los techos son siempre de cristal, pero tanto triunfalismo molesta incluso a los más proclives a perdonarle su atrevida incursión en la vida política. Zamora tampoco aprenderá nunca que las áreas que gestiona merecen pedir perdón más que jalear el amarillismo que atribuye a la oposición.  Y es que su saldo político,  después del año de gracia, no es precisamente todo lo positivo que ella cree, ni la realidad se ajusta a los papeles que le pasan sus asesores. Menores sigue siendo es escenario de continuo de escándalos, aunque el sistema carcelario por el que ha optado el Gobierno para su gestión impida conocer muchas de las cosas que sí cuentan algunos. Que a la consejera no le lleguen las denuncias no significa que no ocurran cosas dentro de los centros. Y como casi todo la realidad viene siempre a condenar los buenos deseos.  En menos de una semana, y por las rendijas que deja el sistema, se ha podido saber que un menor fue brutalmente agredido en La Montañeta y que otro que había asesinado a un compañero se fugó sin esfuerzo alguno del centro de menores de Gáldar y que los gestos de autoridad de la consejera al despedir a cinco directores de centros a los que acusó de contratar a  personal con antecedentes penales nos costará más de 200.000 euros a los canarios. Eso en una semana y a hurtadillas.