SUR/CEUTA
SOS Racismo criticó ayer duramente la situación que se vive habitualmente en las fronteras de Ceuta, Melilla y las islas Canarias, y lamentó que en diez años no haya mejorado. Además, denunció que lo que antes sólo pasaba en las verjas de Ceuta y Melilla, ahora se haya extendido a todas las fronteras españolas, lo que ellos llaman «la frontera sur de Europa».

El informe Frontera Sur repasa la «violación de los derechos humanos» desde 1995 hasta ahora y se ha basado en el testimonio directo de 379 inmigrantes ilegales llegados a los límites del territorio español y repatriados. El informe denuncia la muerte el año pasado de 14 inmigrantes al intentar cruzar las vallas de Ceuta y Melilla, 11 de ellos por disparos de la Policía, así como de otros 24 inmigrantes que fallecieron en el desierto del Sahara abandonados por el gobierno de Marruecos tras ser expulsados de España.

La ONG ha registrado además 179 casos de agresiones físicas, de éstas 140 de diferente tipo» llevadas a cabo por la Guardia Civil. El informe asegura que agentes de Ceuta han robado a los subsaharianos sus abrigos y el calzado, «con la única intención de hacerles más vulnerables» antes de devolverles a Marruecos.

La entidad es muy crítica con el aumento de la altura de las vallas en Ceuta y Melilla, que van dirigidas a los inmigrantes subsaharianos, ya que los marroquíes son repatriados automáticamente, al contrario de los procedentes de otras nacionalidades.

Según el análisis de los 379 casos recopilados directamente por SOS Racismo y las informaciones de un centenar de periódicos, medios digitales y un centro de estudios, la mayor parte de los inmigrantes llegaron por vía terrestre, a través de Ceuta o Melilla. Varios de ellos habían intentado entrar en más de una ocasión, y la gran mayoría, según la entidad, fueron retornados de forma ilegal, siendo encarcelados o sufriendo torturas y violaciones.

Por todo ello, la ONG lamentó la «complicidad y corresponsabilidad» del Estado español en estas «violaciones graves de los derechos humanos» por parte de las autoridades marroquíes. En este sentido, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que expulsar a una persona a un país donde su vida puede estar en peligro es una violación del derecho a la vida y a la integridad física.