«La construcción de muros fronterizos entre México y Estados Unidos no es una cosa nueva, aún así nuestra posición ha sido inequívoca, de rechazo a esto como una solución al tema tanto de la inmigración como de la seguridad». Así reaccionó el ministro de Asuntos Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, tras la promulgación el miércoles por George W. Bush, de una ley que asigna parte de los fondos para la construcción de muros en la frontera con su vecino del sur, lo que, según el presidente de EE.UU., frenará la entrada de inmigrantes sin papeles y de terroristas.


Además, el Gobierno de Vicente Fox señaló ayer que la partida aprobada por Washington para financiar la construcción de dicho muro sólo alcanza para instalar menos de un tercio de la valla. Bush firmó una ley que otorga 1.200 millones de dólares para levantar barreras en 1.200 kilómetros de los más de 3.200 que mide la frontera común.

«Lo que se aprobó el miércoles tiene más que ver con sensores, radares, contratación de policías […] y compra de equipos. Se contempla algo así como la posibilidad para barreras físicas en menos de 400 kilómetros», dijo el portavoz de la presidencia mexicana, Rubén Aguilar. «En los cálculos que tienen los especialistas de Estados Unidos, la construcción de esos 1.200 kilómetros rondaría los 9.000 millones de dólares», agregó en una rueda de prensa.


Protestas


El Congreso estadounidense aprobó la semana pasada una ley que autoriza la construcción de la valla con el objeto de impedir la inmigración ilegal, lo que despertó las protestas de México. La medida supone un duro golpe al presidente Vicente Fox, quien puso entre sus prioridades, cuando llegó al poder en el 2000, lograr un acuerdo con Washington que incluyera la regulación del flujo de inmigrantes y la regularización de los indocumentados en ese país. Sin embargo, los ataques del 11 de septiembre del 2001 estancaron las negociaciones y centraron la prioridad de la Casa Blanca en la seguridad interna.


En Estados Unidos viven cerca de 12 millones de inmigrantes ilegales, la mitad de los cuales son mexicanos que cada año envían millonarias remesas a las familias que dejaron en el país.

Aguilar dijo que Fox seguirá insistiendo en lograr una reforma migratoria integral hasta el último minuto de su Administración, que culmina el 30 de noviembre, pero que el problema será uno de los pendientes con los que deberá batallar su sucesor, el también conservador Felipe Calderón.

Los Gobiernos sudamericanos mostraron también su desacuerdo y calificaron como «errónea» y «lamentable» la decisión de EE.UU. de levantar el muro.