E. CALVO/C. MORCILLO

LAS PALMAS/MADRID. Con una cesión de tutela y un documento de consentimiento bajo el brazo empezaron ayer los traslados de menores inmigrantes desde Canarias a la Península, tal y como había anunciado horas antes el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Galicia, Extremadura y Aragón son los destinos iniciales a la espera de que se sumen nuevos candidatos. Todas las comunidades han ofrecido plazas, según la consejera canaria de Asuntos Sociales, Marisa Zamora. Caldera, sin embargo, aseguró el miércoles que «sólo las del PSOE y las diputaciones forales del País Vasco han puesto a disposición plazas, salvo Murcia que ha indicado que pondrá 10».

El primer grupo, de 14 chicos, partió ayer y hoy lo harán otros seis. Los viajes se retomarán el lunes y la previsión es enviar a 50 niños por semana hasta alcanzar la cifra de medio millar acordada. Las Islas acogen a más de 900 menores llegados en pateras y cayucos, según datos del Gobierno regional, a pesar de que el cupo establecido es de 350.

Los traslados se están haciendo en vuelos regulares, financiados por el Gobierno, en los que los jóvenes van acompañados por educadores y guardias civiles de paisano. «Viajan con su protocolo sanitario y con toda la documentación en regla», apuntó Zamora, quien asegura que los menores están «contentos» con el cambio porque tienen familiares en la Península.

Quienes no están tan contentas son las comunidades gobernadas por el PP. Las aseveraciones del ministro de Trabajo han levantado ampollas. Madrid y Castilla y León mostraron ayer su indignación. Ambas comunidades aseguran que recibieron el miércoles el escrito en el que se les citaba para concretar los traslados. Valencia, por su parte, dice que ha puesto quince plazas a disposición de Canarias y a Murcia no se le ha notificado ningún traslado. La versión general es que el Ejecutivo pretende que estas regiones sean «las malas de la película».

Los chicos que han salido esta semana son de Senegal y Mali, y se encontraban internados en el municipio tinerfeño de Garachico, donde quedan otros 30 menores. Una vez se haya vaciado este centro, que no contó con el visto bueno de los vecinos, se continuará con los otros cuatro que se han habilitado desde marzo por el continuo goteo en la llegada de menores a Canarias; esta semana lo conseguían otros diez.

La CEP denuncia otra «macrofuga»

Mientras, el secretario regional en Canarias del sindicato policial CEP, Agustín Brito, denunció ayer otra macrofuga en el acuartelamiento de Las Raíces. «Se escaparon entre 60 y 100 indocumentados; cada vez lo hacen más por miedo a ser repatriados», explica. Desde Interior, sin embargo, aseguraron no tener constancia de la evasión; versión a la que se sumó el SUP.

«Sí que se marcharon, fue de madrugada; los vecinos de La Laguna (municipio próximo a Las Raíces) no dejaban de llamar asegurando haber visto grupos de entre cinco y diez inmigrantes en distintos puntos». El responsable de la CEP asegura, además, que se movilizó a toda la plantilla de la Policía Local y Nacional de La Laguna.