Prepara un «mapa de necesidades sociales» que establezca los puestos a cubrir en cada una de las comunidades autónomas La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pretende convocar a todos los portavoces parlamentarios para el próximo miércoles para intentar cerrar un acuerdo sobre inmigración.

Fernández de la Vega mantuvo ya una ronda con los grupos, en la que se limitó a escuchar las diferentes iniciativas. Ahora se trata de hacer una propuesta concreta e intentar lograr un pacto de Estado.

En paralelo, la vicepresidenta primera sondea a los portavoces sobre las posibilidades de abordar en esta legislatura la reforma de la Constitución.

Fuentes parlamentarias aseguran que los primeros contactos apuntan a un acercamiento de posturas sobre inmigración, con la única salvedad del PP. De hecho, ayer mismo el Pleno del Congreso rechazó con los votos de todos los grupos, salvo el PP, una moción de los populares sobre inmigración que, por ejemplo, incluía la prohibición de nuevos procesos de regularización.

En ese duro debate, todos los grupos se mostraron partidarios de un pacto de Estado, tal y como propone el Gobierno. Su intención inicial es que, si se decide incluir en ese pacto la posibilidad de modificar la Ley de Extranjería, se pueda hacer a través de una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios.

Con respecto al PP, el Gobierno tiene serias dudas de que este partido esté dispuesto a renunciar a utilizar la inmigración como elemento de oposición. Así lo comprobó ayer en el Pleno del Congreso, se verá durante este fin de semana en la convención que el PP dedicará exclusivamente a este asunto y, con toda seguridad, será su argumento principal durante la campaña electoral de las autonómicas y municipales de mayo. Además de esa propuesta de pacto, el Gobierno trabaja también sobre otras medidas para los próximos meses, encaminadas a la integración de los irregulares. Por ejemplo, prepara lo que denomina el «mapa de necesidades sociales», que consiste en fijar las posibilidades de cada provincia o localidad para acoger trabajadores procedentes de otros países. La idea se basa en la constatación de que, a pesar de la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años, queda todavía gran cantidad de puestos de trabajo sin cubrir por falta de mano de obra mínimamente cualificada.

Según los datos que maneja el Gobierno, el pasado verano quedaron más de 200.000 puestos vacantes por falta de este tipo de trabajadores.

Ese mapa se elaboraría con datos de padrones municipales, del INEM y de afiliaciones a la Seguridad Social, entre otros.