Obligan a los estados a informar de cualquier medida sobre inmigración «A partir de esta tarde somos más fuertes y más eficaces en la lucha contra la inmigración ilegal o clandestina, de ahí nuestra satisfacción». Con esta frase resumía el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, las conclusiones aprobadas por los Veinticinco para reforzar el control de la frontera sur de Europa.

El documento sólo recoge, sin embargo, la promesa de una mayor solidaridad que no se traduce ni en más dinero ni en más medios.

España recibió ayer el «espaldarazo político» que iba buscando de Europa. El reconocimiento de que la crisis de los cayucos «necesita una respuesta europea adecuada», que tenga en cuenta «las particularidades de la frontera exterior marítima meridional», que incluya la cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios, y que se base en los «principios de solidaridad europea, con un reparto equitativo de las responsabilidades entre los estados miembros». Y eso es lo que ha tenido.

De hecho, las conclusiones aprobadas ayer, un documento de apenas seis folios, sólo recogen reconocimientos y buenos propósitos, como la promesa de «estudiar urgentemente las posibilidades de reforzar Frontex con más personal y de aumentar su dotación presupuestaria», o la «intensificación» de los trabajos para desarrollar un sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores.

La satisfacción española, no obstante, era evidente en palabras del ministro responsable, ya que supone un respaldo a las grandes líneas políticas dibujadas «con un consenso prácticamente unánime» la pasada semana en la minicumbre celebrada en Madrid entre los ocho países mediterráneos afectados por el problema de la inmigración ilegal.

De hecho, el documento es lo suficientemente ambiguo como para permitir a Rubalcaba dar por hecho que la gestión de los menores en situación irregular que arriben a territorio europeo podrá gestionarse también con fondos europeos procedentes de otros capítulos presupuestarios. La frase está tan pillada por lo pelos que, como suele ocurrir en la Unión Europea, queda al albedrío de la interpretación de cada uno. «Se podrán utilizar otros fondos europeos con las limitaciones propias de estos fondos», aseguraba el ministro español, aunque la farragosa literatura comunitaria no transmite esa misma claridad.

Rubalcaba mostró su satisfacción por haber prolongado hasta final de año la presencia europea a través de Frontex en aguas canarias y africanas.

Además, los ministros del Interior aprobaron la creación de un mecanismo que obligará a los estados miembros a informar al resto de países y a Bruselas de cualquier decisión que tomen en materia de asilo e inmigración, una medida que se gestó a partir de las críticas que recibió el Gobierno español por su proceso de regularización masiva.

Según Rubalcaba, se trata de un mecanismo «lógico y razonable», pero descartó que se trate de un reproche para España. «Es un debate viejo y superado. No hay reproche».