MADRID. - Les llevan a la frontera con Argelia, son despojados de sus pertenencias y se les invita a morir de sed en el desierto como tortugas al sol.

El final de la aventura migratoria se presenta de esta manera para la inmensa mayoría de los sin papeles que son devueltos desde España a Marruecos.

Así fue la devolución legal de al menos 81 personas subsaharianas que entraron ilegalmente en España en 2005 y que vivieron para contarlo: estuvieron encerrados «sin comida y hacinados» en «condiciones infrahumanas» antes de la deportación; los 81 volvieron a su país tras más de 20 días de marcha… La organización SOS Racismo ha recogido su testimonio y el de muchos más. Son la cara y los ojos del Informe Frontera Sur. 1995 – 2006: 10 años de violación de los derechos humanos.

El grueso de esta investigación a pie de tierra la conforman los 379 casos documentados de devoluciones irregulares de inmigrantes de 18 países diferentes, recogidos mayoritariamente en Ceuta.

Las conclusiones del estudio revelan «una gama impresionante de violaciones de los Derechos Humanos» que incluyen la «tortura», la «violencia sexual», la «detención ilegal», los «impedimentos para solicitar asilo» y «la utilización excesiva de la fuerza durante la interceptación».

Las historias están sacadas del trabajo del día a día, tienen más interés cualitativo que cuantitativo y evidencian la ilegalidad sistemática que suponen las devoluciones a Marruecos de las personas inmigrantes que llegan a nuestro país.

El Estado, responsable

A juicio de SOS Racismo, el Estado español es «cómplice y corresponsable» de las violaciones «graves» de Derechos Humanos cometidos por «miembros del Ejército y la Gendarmería marroquí contra los ciudadanos provenientes del Africa subsahariana», recordando que «la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que expulsar a una persona a un país donde su vida puede estar en peligro es una violación del derecho a la vida y a la integridad física».

Así mismo, la organización (que ha contabilizado al menos 386 muertes en la frontera sur el pasado año) denuncia la violación de la Ley de Extranjería española, por las devoluciones irregulares; la vulneración de la Convención de Ginebra sobre los refugiados, al negar la posibilidad de pedir asilo al que pisa la frontera; y el «total obstáculo» del acceso a la Justicia de los que son agredidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles.