Rocío Ruiz
madrid – El traslado de los menores inmigrantes no acompañados desde la
saturada Canarias hasta la Península comenzará entre hoy y mañana. En
principio, se enviará una primera tanda de 150 inmigrantes de los 500 que
quieren reubicar, pero sólo a comunidades socialistas, entre las que se
encuentran Castilla – La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y Galicia.
Andalucía queda excluida después de que haya dado ya en varias ocasiones
la voz de alarma de que sus centros de acogida se encuentran al límite de
su capacidad y con niveles de sobreocupación mayores que los de Canarias.
El hecho evidencia que el Gobierno no ha conseguido que las comunidades
autónomas del PP den su brazo a torcer y cedan a las insistentes
peticiones del Gobierno de solidaridad con Canarias. Así que finalmente el
Ministerio de Trabajo cree que si las autonomías con gobiernos del PP no
aportan plazas, serán las socialistas las que tutelen en su totalidad a
los menores irregulares de los que las islas no pueden hacerse cargo.
Tan sólo Murcia se ha mostrado en disposición de facilitar diez plazas,
pero tampoco ha concretado cuándo, según refirió ayer el ministro de
Trabajo, Jesús Caldera. Esta región ya se encontraba al límite de su
capacidad en la acogida de menores, pero no descarta abrir centros de
nueva creación después de que el Ministerio de Trabajo ofertara 80 euros
diarios a cada comunidad autónoma por menor inmigrante del que se hicieran
cargo.
Financiación
El anuncio del
comienzo de los traslados lo hizo ayer al titular de Trabajo en una
respuesta al diputado de Coalición Canaria Paulino Rivero, que se interesó
por el número de menores procedentes de la inmigración clandestina que ha
salido de su autonomía. «El Gobierno cumplirá al cien por cien los
compromisos que tiene con las islas. Tenemos la mejor disposición y
haremos los traslados», dijo ayer Caldera.
Las autonomías, y en
concreto las gobernadas por el PP, pusieron reparos para hacerse cargo de
los adolescentes indocumentados en el Consejo General de política de
Inmigración que se celebró el pasado día 18 de septiembre porque el
Ejecutivo no había concretado la financiación que iba a aportar.
Únicamente, refirió que iba a sufragar los gastos. Días después comenzó a
negociar con cada una de ellas, a las que ofertó los 80 euros diarios que
no han servido para ganar su voluntad de acogida de los menores.
El
diputado de CC, Paulino Rivero, recalcó la preocupante situación que vive
Canarias, que ya da cobijo a 900 adolescentes que han llegado a las islas
en lo que va de año en cayuco. Además, sugirió que la situación podría
agravarse teniendo en cuenta que «las mafias han descubierto que una vía
de entrada es la reagrupación familiar».
Las autonomías ya
advirtieron en el último Consejo de Política Migratoria que el traslado de
menores a la Península generaría nuevas llegadas y causaría otro «efecto
llamada». Entre otras cosas porque, por término general, los menores nunca
se repatrían y una vez que una institución se hace cargo de su tutela,
existe la obligatoriedad de regularizar su situación a los nueve meses de
estancia en España.
Rivero recordó ayer que «Canarias tiene
plazas sólo para 300, con lo que asume una cuota por encima de sus
posibilidades» pero instó a la solidaridad de todo el Estado.
En el Senado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
anunció ayer que se está registrando un descenso en la presión migratoria
hacia las islas Canarias, ya que últimamente llega sólo un cayuco diario,
un hecho que desde Coalición Canaria atribuyen al mal tiempo.
Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el pleno
de la Cámara Alta, el ministro del Interior, en respuesta a sendas
preguntas de los senadores de CC, Ricardo Melchior, y PP, María del Carmen
Guerra, aseguró que, en contraste con lo sucedido en los pasados meses de
agosto y septiembre, la presión migratoria «está bajando» puesto que está
llegando sólo un cayuco al día.
Según sus datos, los
centros de internamiento en Canarias «no tienen problemas de
abarrotamiento» dado que cuentan con un total de 7.749 plazas, de las
cuales están siendo ocupadas 7.076. Estos datos no fueron aceptados por la
senadora del Partido Popular, que calificó al ministro de «ineficaz»,
«inepto» y le reprochó que «hacía mal su trabajo» y «ponía en riesgo a las
personas», por lo que pidió su dimisión, informa Ep.