C. Morodo / J. Sánchez
Madrid – Mariano Rajoy sigue jugando fuerte a llevar la iniciativa en
materia de inmigración. Mañana el Congreso votará la moción del Grupo
Parlamentario Popular que recoge el paquete de propuestas que esbozó el
pasado 11 de septiembre para hacer frente a la crisis de la llegada masiva
de subsaharianos, y que va en la línea, por cierto, de la política
defendida por el ministro francés del Interior, Nicolás Sarkozy. El PP
insta a adoptar, entre otras, las siguientes medidas: no más
regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, esfuerzo conjunto en la
UE, despliegue de efectivos de la armada en aguas internacionales próximas
a Senegal y Mauritania, fortalecimiento del control de fronteras, que los
inmigrantes ilegales que cometan delitos cumplan las penas en sus países
de origen, y elaboración de una base de datos de inmigrantes ilegales con
orden de expulsión y que se encuentren en situación irregular con
posterioridad al proceso de regularización.
Pero, además, los
«populares», en esta estrategia de hacer de gobierno, han elaborado un
presupuesto alternativo en inmigración al que recogen las cuentas para el
próximo ejercicio, juzgado como «claramente insuficiente» para atender las
necesidades de uno de los principales problemas de España.
Vía
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, se propone elevar a 800
millones de euros los 383 millones dedicados por el Ejecutivo a políticas
de inmigración. Desglosadamente, se pide que los 33 millones destinados a
repatriaciones se incrementen a 100, ya que, según Eduardo Zaplana, esa
«ridícula cifra» demuestra que no «se piensa hacer repatriaciones y que se
quiere seguir como hasta ahora»; los 15 millones para controlar las
fronteras, a 50; los 250 millones previstos para políticas de integración
de los casi 4 millones de inmigrantes que hay ya en España, a 500; y la
partida de 85 millones para centros de internamiento, a 150.
Por
otra parte, el PP propondrá este fin de semana, durante la conferencia que
celebrará en Madrid, la creación de una agencia pública, al estilo de la
tributaria, pero dedicada al empleo de inmigrantes. La responsable de
Política Social, Ana Pastor, presentó ayer las jornadas y aprovechó para
avanzar algunas de las iniciativas de su partido. «Hay que captar al
inmigrante en su país de origen y seleccionar para él un empleo en función
de la demanda. Hay que formales in situ y explicarles qué tienen que hacer
para convertirse en inmigrantes legales», señaló.
Según preciso, la agencia pondrá en marcha un sistema para contratar
los empleos con las empresas y con las instituciones. «Su relación con la
Unión Europea será fundamental», puntualizó. También aclaró que la agencia
tendrá una naturaleza jurídica que se dirija y gestione por el Estado, los
sindicatos y las empresas.