E. López/J. Gómez/Á. Villarino

Bruselas/París/Roma – ¿Cómo se afronta en el resto de países de la Unión
Europea la posibilidad de que los inmigrantes voten? Lo cierto es que la
mayoría de los Estados están abriendo sus comicios locales a los
ciudadanos extranjeros no comunitarios. La Unión Europea, por su parte, no
ha conseguido ponerse de acuerdo para poder legislar al respecto, así que
en esta materia cada país decide a su conveniencia. En la Carta de los
Derechos Fundamentales, en los Tratados y en la legislación de la Unión,
la residencia conlleva la atribución de diversos derechos y obligaciones,
pero en la actualidad se excluyen algunos derechos políticos, como el voto.
La integración de los nacionales de terceros países a través de ese derecho
ha sido abordada en el seno de la Unión desde el año 1999. Fue entonces
cuando los dirigentes europeos consideraron imprescindible el desarrollo
de políticas comunes en materia de inmigración, concluyendo que «una
política de integración más decidida debería encaminarse a concederles
derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión».
Sin embargo, a comienzos de 2006, la Eurocámara se opuso por amplia
mayoría a reconocer el derecho de voto a los extranjeros.
–
Francia.
La ley prohíbe tajantemente el voto a los extranjeros en
cualquier tipo de elección. Una máxima republicana que convierte en
verdaderos ciudadanos exclusivamente a quienes poseen la nacionalidad
gala. Fue Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, el primero que, en la
ribera conservadora, se ha atrevido a proponer el derecho de voto a los
inmigrantes no europeos en las elecciones municipales.
Esta
proposición hizo temblar los cimientos «gaullistas» de la derecha gala. El
primer ministro, Dominique de Villepin, fue uno de los que más ferozmente
se opuso a esta evolución. Sarkozy desterró la idea pero es muy probable
que forme parte de su programa presidencial, con la óptica de integrar a
inmigrantes que llevan toda una vida en Francia.
La izquierda gala
reclama desde hace tiempo esta medida pero nunca la ha puesto en práctica
cuando ha gobernado. La idea figuraba en el programa electoral de François
Mitterrand en 1981, y ahí permaneció durante sus 14 años de presidencia.
Durante el último gobierno socialista (1997 – 2002), el primer ministro
Lionel Jospin no consideró la cuestión como prioritaria.
–
Italia.
Los inmigrantes no votan hasta que no logran obtener la
nacionalidad. Aunque la reciente reforma migratoria firmada por el
Gobierno de Romano Prodi redujo de 10 a 5 años el plazo para alcanzar la
ciudadanía trasalpina, mantuvo la prerogativa. Todos los extranjeros que
demuestren que han vivido legalmente durante cinco años en Italia reciben
inmediatamente el pasaporte, pero durante todo ese tiempo no tienen
derecho a voto.
Entre las filas de Prodi la propuesta del voto
inmigrante tiene algunos simpatizantes que consideran que contribuiría a
aumentar la cohesión social y defendería a los cientos de miles de
inmigrantes que son esclavizados y permanecen sin derechos en todo el
país, especialmente en el sur donde se producen dramáticos abusos.
Otro de los debates que se han planteado recientemente es la idea, ya
aplicada en otros países, de examinar a los «candidatos» a ciudadano
italiano, para comprobar que hablan con fluidez la lengua y que comparten
los valores y el respeto por los derechos humanos.
– Otros países.
En muchos Estados de la Unión Europea el derecho a voto de los extranjeros
es ya una realidad. Irlanda fue la pionera. Toda persona adulta no
irlandesa registrada como residente tiene garantizado el derecho al voto
en los comicios municipales desde 1963. Austria se estrenó en el año 2002
cuando permitió el voto de los inmigrantes en las elecciones locales de
Viena.
También en otros países como Bélgica,en febrero de 2004,
todos los inmigrantes, que suponen el 10 por ciento de la población,
obtuvieron el derecho a votar en las elecciones municipales,
independientemente de la nacionalidad y siempre que lo soliciten.
Hace veinticinco años que Dinamarca permite el voto en las elecciones
locales después de tres años de residencia. En Finlandia la espera se
reduce a dos años.
En Luxemburgo y los Países Bajos, sin
embargo, es necesario que el inmigrante resida legalmente durante cinco
años para que así tenga derecho a votar en las municipales. República
Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia son otro ejemplo
de países que han reconocido el derecho a participar en las elecciones
locales de los inmigrantes no comunitarios con residencia.