El Senado se ha plegado a los deseos de la Cámara de Representantes al votar a favor de la construcción de un muro de 1.200 kilómetros en la frontera de Estados Unidos con México. El país vecino ha protestado al considerar, con bastante razón, que no es con muros como mejor se resuelve el problema del flujo migratorio ilegal: se calcula que la mitad de los más de 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos entraron legalmente a través de los aeropuertos. Además, el muro no cubrirá toda la frontera y al menos por ahora sólo ha sido aprobada una quinta parte de los 6.000 millones presupuestados para su construcción.

La medida tiene un tufillo electoralista innegable, tanto de republicanos como de demócratas, con vista a las elecciones legislativas del próximo 7 de noviembre y en las que los segundos aspiran a poner fin a la doble mayoría que tienen los primeros. Ni unos ni otros quieren hacerse pasar como políticos blandos frente al problema de los nuevos inmigrantes sin papeles y sobre los que residen ya en el país. Menos aún quienes se juegan su reelección como la senadora Hillary Rodham Clinton, que ha votado a favor. Poco importa perder el apoyo de la minoría hispana a fin de tranquilizar a las capas medias y a los trabajadores blancos, cada vez más inquietos por un problema que han colocado a la cabeza de su agenda personal junto con la amenaza del terrorismo.

Ahora sólo falta la firma de Bush y no es previsible que vete la ley. El presidente había propuesto una serie de reformas para el control de la inmigración ilegal más laxas, la mayoría de las cuales no han sido aprobadas. Por una vez el Congreso ha sido más radical que la Casa Blanca.