J. C. G./CEUTA
El Consejo de Emigrantes Subsaharianos de Marruecos ha alertado de la situación en la que se encuentran los inmigrantes que viven en el país vecino, y que ha tachado de «alarmante». La situación ha sido descrita en una carta que ha sido enviada al Gobierno marroquí, al Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos, al Parlamento Europeo, a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Rabat y a la sede central del ACNUR.

La organización cree que los episodios vividos ahora hace un año en las fronteras de Ceuta y Melilla, con la muerte de unos quince susaharianos y la expulsión al desierto de cientos de inmigrantes, no fue más que un aviso. Fue un «violenta advertencia que revelaba las consecuencias y los límites de un enfoque exclusivamente de seguridad sobre las cuestiones migratorias y de las presiones europeas sobre países terceros a fin de contener a los migrantes en África y empujar a los Estados vecinos, como Marruecos, a controlar las fronteras de Europa y asumir la protección de los refugiados y la acogida de los migrantes en lugar de los Estados miembros de la Unión. En la actualidad, cerca de un año después – continúa el Consejo de Emigrantes Subsaharianos – , las salidas no han disminuido con total certeza y los derechos fundamentales de los migrantes siguen siendo violados diariamente».

Deportaciones

La organización asegura que los inmigrantes siguen siendo deportados a la zona de Oujda, en la frontera con Argelia, como Rabat venía haciendo desde los últimos años, pero ahora también a la frontera desértica con Mauritania. El consejo afirma que a diario, los extranjeros intentan sobrevivir «en condiciones de extrema precariedad», incluidos los refugiados bajo protección del ACNUR. Aunque estos últimos se benefician, en teoría, de una protección internacional, ellos sufren, en la práctica, el mismo tratamiento que cualquier inmigrante, y son detenidos y deportados, pese a lo recogido en la Convención de Ginebra, de la que Marruecos es firmante. Los refugiados no tienen permiso de residencia y no pueden acceder a un trabajo, ni estudiar ni tan siquiera escolarizar a sus hijos, y el ACNUR, según esta organización, no les presta asistencia social.

Este panorama se completa con el acoso al que las autoridades someten a las asociaciones de inmigrantes. Actualmente, cuatro dirigentes del Consejo de Migrantes Susaharianos en Marruecos son objeto de una atención particular de las fuerzas de orden marroquíes, que los amenazan con detenerlos y expulsarlos en cualquier momento, despreciando el estatuto de refugiados que tres de ellos obtuvieron, y que el cuarto está a punto de lograr. Uno de ellos ha ya sido detenido en dos ocasiones y en una de ellas fue agredido por los agentes.