Un juzgado abre una investigación sobre el aborto que sufrió una interna en el CIE

El abogado defensor de la joven presentó una denuncia por un supuesto delito de omisión del deber de socorro

Diario Sur, 02-10-2006

Un juzgado de Málaga ha iniciado una investigación sobre los hechos que ocurrieron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), situado en el barrio de Capuchinos, cuando una interna abortó y estaba citada a declarar como testigo protegido por el caso de los presuntos abusos sexuales a inmigrantes por parte de funcionarios.

Las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia del abogado de la chica, Jaime Rodríguez Paez, que acusó a los policías que aquella noche estuvieron en el turno de guardia de un supuesto delito de omisión del deber de socorro. El letrado señaló a Efe que el titular del Juzgado de Instrucción número siete de Málaga ya ha solicitado el historial médico de la interna a los hospitales Carlos Haya y Materno Infantil, donde se le practicó el aborto.

Rodríguez emprendió acciones penales contra los policías por haber cometido, a su juicio, «una imprudencia grave que precipitó el aborto» – artículo 146 del Código Penal – y por «omitir el deber de socorrer a una persona desamparada en peligro manifiesto» – artículo 195 – .

Por estos delitos, los agentes implicados podrían ser sancionados con una pena de prisión de tres a cinco meses y una multa de seis a diez meses en el primer caso, y una multa de seis a diez meses por el segundo. El letrado manifestó que los funcionarios «deberán aclarar por qué tardaron una hora en asistir a la embarazada, cuyo estado empeoró tras discutir con una policía, por qué permanecieron en la habitación mientras le practicaron el aborto y por qué la mantuvieron esposada a la barandilla de la cama durante la intervención quirúrgica», según palabras del letrado.

Testimonio

Respecto a la comparecencia de su defendida por los presuntos abusos sexuales en el CIE aseguró que aún no se ha fijado una fecha para la declaración. La inmigrante, que actualmente se encuentra en libertad, deberá prestar su testimonio sobre los hechos que le constan en relación a los presuntos abusos sexuales que se imputan a uno de los funcionarios, E.B.S., que supuestamente ofrecía «alimentos especiales» a una interna a cambio de mantener relaciones sexuales.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, sostuvo recientemente tras conocer la versión del letrado que la actuación de los funcionarios esa madrugada en la que la joven abortó fue la «normal y correcta en estos casos».

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