R. Ruiz

Madrid – La polémica sobre el voto inmigrante quedó zanjada cuando la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,
pospuso el derecho al sufragio para los foráneos en las municipales de
2011. Aunque el 60 por ciento de los españoles se ha mostrado favorable a
que puedan ejercer este derecho, según el barómetro del CIS, ofertar esta
posibilidad para los comicios de 2007 parecía muy precipitado.
Ni los partidos, ni la sociedad, ni el Gobierno parecen estar
preparados para asumir el asunto como un hecho ya en las próximas
elecciones. No obstante, ya se hicieron cálculos golosos: 1,2 millones de
extranjeros con residencia legal en España podrían convertirse en
futuguros votantes.
En esta bolsa se incluian los más de 619.000
residentes en España que proceden de países de la Unión Europea, los
rumanos y búlgaros que se incorporarán a la UE en 2007, los noruegos, los
cerca de 42.000 extranjeros que adquieren la nacionalidad española cada
año y los cinco países iberoamericanos con los que el Gobierno se ha
comprometido, a instancias del Congreso, a desarrollar acuerdos
recíprocos. Entre ellos se encuentran Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay
y Colombia, lo que significa que los nacionales de estos países que viven
en España podrán ejercer su derecho al voto en las municipales, de la
misma manera que un español residente en alguno de esos países podrá
hacerlo también en los plebiscitos que allí se celebren.
A
doble velocidad. Sin embargo, y aunque parezca fiarlo lejos, la
inmigración se convertirá en los comicios de 2011, sin duda, en una
codiciada pera en dulce para los partidos, como ya se vislumbra, si se
mantiene el mismo ritmo de crecimiento de la población extranjera
regularizada. Hay que tener en cuenta que en España el fenómeno ha crecido
a doble velocidad que en el resto de países (en siete años se ha
quintuplicado el número de inmigrantes).
Desde 2001 hasta 2005,
la media de foráneos con una situación legalizada ha crecido un 36,76 por
ciento. Si se mantuviese en el tiempo este porcentaje, teniendo en cuenta
que todos los expertos coinciden en señalar que la inmigración en España
será un fenómeno permanente y en aumento, el número de posibles votantes
foráneos en 2011 alcanzaría los 4,19 millones para esas elecciones, sobre
los cálculos hechos para 2007. La cifra no es nada despreciable ya que
cuadriplicaría las previsiones que se han hecho para 2007.
Ya
se ha hablado de que, en estos momentos, sólo en Asturias, el voto
inmigrante condicionaría el futuro de una veintena de alcaldías si
pudieran acudir a las urnas el año que viene, mientras que sólo los
extranjeros de la Unión Europea podrían decidir al menos dos concejales de
Barcelona. Además, podría ser decisivo en uno de cada cinco municipios
malagueños, lo que da una ligera idea de cómo los inmigrantes podrían
cambiar el escenario político.
No hay que perder de vista que
ya hay municipios en los que más de la mitad de la población empadronada
es extranjera, como es el caso de algunas localidades alicantinas: San
Fulgencio (62%), Rojales (59%), Teulada (57,3), Benitachell (57%), Els
Poblets (59%) o Calpe (56%) y en otros supone porcentajes muy importantes,
como Castelló dEmpúries, en Gerona (36%); Mijas, en Málaga(36%); Mogán,
en La Palmas (27%); Salou, en Tarragona (25%) o Los Alcázares, en
Murcia(30%).
A esta circunstancia se añade que los inmigrantes
quieren votar. Especial empeño ha mostrado el colectivo ecuatoriano, el
segundo más importante en España después de los marroquíes con más de
500.000 personas. «Vemos muy bien la propuesta que se ha llevado al
Congreso para que podamos votar una vez que se firmen convenios de
reciprocidad. Y lo que nos parece más importante, que todos los grupos
políticos están de acuerdo en que así se haga», manifestó Vladimir
Paspuel, portavoz de la Asociación Rumiñahui.
No obstante,
los ecuatorianos quieren que su derecho al voto sea una realidad ya para
2007. Ahora tienen puestos los ojos especialmente en las elecciones
presidenciales que se celebrarán el próximo 25 de octubre, ya que el
candidato con mayor intención de voto según las encuestas, León Roldós, ha
garantizado que, si llega al poder, una de las primeras acciones que
llevará a cabo será reformar la Constitución para que los españoles que
viven en Ecuador puedan votar allí. De esa manera, y por reciprocidad,
todo ecuatoriano en situación legal en España podría acudir a las urnas en
unas elecciones municipales. «Queremos participar, es un derecho que nos
corresponde porque nuestro trabajo supone el tres por ciento del PIB».
Otra cuestión es a qué partido iría a parar el voto inmigrante. La última
tesis que defienden los expertos es que los extranjeros son conservadores
por regla general, pero las asociaciones mantienen que, en realidad, antes
que nada «son pagmáticos» cuando se trata de dar apoyo a un determinado
partido político.
«Los extranjeros suelen apoyar a quienes
piensan que les va a favorecer más o a aquel que le ha dado más
facilidades para instalarse en un país», afirma Marcos Gross, cónsul
general de la República Dominicana en Madrid.
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