Pablo VÁZQUEZ

Supongamos que nuestros diputados han considerado que es adecuado otorgar
el voto a los inmigrantes, o que simplemente éstos se han nacionalizado y
cuentan con ese derecho: ¿Irían a votar? ¿Lo harían en mayor o menor
medida que los nacionales?
Para un economista, la decisión de ir a
votar o quedarse en casa es una decisión – como la mayoría – que viene
determinada por los costes y beneficios. Si los costes de ir a votar son
mayores que el beneficio esperado, se quedará en casa. La clave es conocer
si esos costes y beneficios afectan por igual a los nacionales y a los
inmigrantes.
Lo que le interesa al votante es el diferencial de
bienestar que espera obtener durante una legislatura cuando el partido que
considera más cercano a sus intereses gana las elecciones. Si uno es
funcionario (o pensionista) y piensa que si gana un partido diferente del
actual, su puesto de trabajo (o su posición dentro de la función pública),
está en peligro, entonces tendría unos incentivos bastante relevantes a
acercarse a votar. La proporción de funcionarios (de todas las
Administraciones) y pensionistas en nuestro censo es bastante relevante; y
la presencia de inmigrantes en estos dos colectivos, por el contrario,
testimonial. Por este motivo, podríamos pensar que los inmigrantes
votarían menos que los nacionales.
Las diferencias de criterio
- reales o percibidas – entre los partidos que pueden gobernar son un
elemento relevante a la hora de participar en unos comicios. Especialmente
si esas diferencias se refieren a los temas que a ellos les interesan. A
un inmigrante le interesa que la situación económica vaya bien (porque ha
venido a trabajar) y que los servicios públicos sean accesibles y de
calidad. Tendrá un incentivo a votar si percibe que hay diferencias
significativas en estos aspectos entre los partidos que pueden formar
gobierno; y por el contrario se quedará en casa si los programas en estas
materias son parecidos.
Votar tiene costes de información, costes de
toma de decisiones acerca de que partido político votar; y costes de
participar de modo efectivo, desplazándose al colegio. Estos costes
afectan de manera diferente a nacionales e inmigrantes. Nosotros desde
pequeños conocemos el sistema político porque lo estudiamos en el colegio,
hemos visto cientos de veces a los líderes en la televisión y hemos vivido
ya muchas elecciones. Una diferencia significativa si tenemos en cuenta
que la inmigración es un fenómeno muy reciente en nuestro país y que
obliga a los inmigrantes a «estudiar» nuestro sistema político, conocer a
los partidos y a sus líderes. La participación efectiva tampoco la tienen
más sencilla. Presentan mayor movilidad que los nacionales y, por tanto,
una probabilidad más elevada de que no reciban toda la documentación
adecuadamente. Y están ocupados en profesiones que con frecuencia no
cuentan con un día de descanso el domingo, día habitual para la
celebración de elecciones.
Hay razones para pensar que su
participación sería menor que la de los nacionales. Pero todo puede
cambiar si los inmigrantes decidieran organizar su propio partido con unos
intereses comunes. Deberíamos recalcular costes y beneficios con un
resultado sustancialmente distinto.

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Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada