Políticos de izquierda y de derecha parecen decididos a sacar partido de la alarma y la sensación de caos que genera la incesante llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. Rajoy en particular ha querido crear una inexistente conexión entre el último proceso de regularización y esta llegada de inmigrantes africanos, concluyendo, de un modo tan previsible como falaz, que hay una relación causal entre ambos acontecimientos: si no hubiera habido proceso de regularización no estarían viniendo ahora los inmigrantes africanos en cayucos.

Como colofón y corolario de su falso argumento, Rajoy propone el mayúsculo disparate de aprobar una ley que prohíba de modo definitivo los procesos masivos de regularización de inmigrantes.

Dispuesto a no perder puntos, José Blanco, por su parte, desde las altas esferas del PSOE, se ha dejado arrastrar por las corrientes del miedo, la ignorancia y el prejuicio, tan sagazmente explotadas por la derecha. Blanco, en lo que pudo ser un momento de auténtico desvarío, ha afirmado que el mercado laboral español ya no puede absorber más inmigrantes. Cómo puede hacer semejante afirmación cuando la economía española atraviesa actualmente, a juicio de prestigiosos economistas internacionales, el mejor momento de toda su Historia. La tasa de desempleo se ha reducido al 7,6% – algo inimaginable hace tan sólo unos años – y el ritmo de producción industrial de nuestro país es superior al de Estados Unidos o Japón.

Aparte de la mera sensación de descontrol que generan las dramáticas imágenes de la llegada de barcazas repletas de inmigrantes indocumentados (y el efecto que tales imágenes puedan tener sobre el mercado turístico canario), el hecho es que no hay motivo para el pánico.

Para empezar, tantos inmigrantes irregulares o más – muchos más probablemente – , entran en España a diario por tierra y aire. Uno no puede por menos que preguntarse si en vez de ver esos rostros negros viéramos llegar en las barcazas melenas rubias la sensación de alarma y disgusto sería la misma.

Todo inmigrante irregular, vaya donde vaya, confía en su suerte. Confía, con razón, en que las cosas vayan a mejor. No son los procesos de regularización los que ejercen el efecto llamada, sino las condiciones de miseria y la falta de horizontes que experimentan esos inmigrantes en sus países de origen, frente a la vida de lujo y libertad de que disfrutamos en el mundo desarrollado, y la continua exhibición que de ello hacemos. Lo que alienta a los africanos a venir en cayucos no es la expectativa de un proceso de regularización. La regularización, por un medio o por otro, es algo que siempre espera el inmigrante indocumentado.

Un factor determinante en el caso concreto de Canarias puede ser, efectivamente, la expectativa de ser trasladados a la Península y una vez allí puestos en libertad. Después Dios dirá. Con tal expectativa en mente estarían viniendo en cayucos aunque no hubiera habido procesos de regularización como los llevados a cabo por Aznar o por el actual Gobierno. Estar deambulando por las calles de una ciudad como Madrid o Barcelona, aún en la más absoluta incertidumbre, es para esos inmigrantes estar a las puertas del paraíso, unas puertas que tarde o temprano, con proceso de regularización o sin él, terminarán dándoles entrada a una vida mejor.

El presente Gobierno, como cualquiera que estuviera en el poder, fuera del partido que fuera, no tiene otra alternativa que actuar del modo que lo hace en relación a los inmigrantes que llegan a Canarias en barcazas. ¿Qué otra opción hay?, ¿ametrallarlos según se acercan a la costa?, ¿obligarles a volver a alta mar, condenándoles así a una muerte casi segura?, ¿meterlos en la cárcel indefinidamente? Ninguna de estas cosas es posible, unas por criminales y disparatadas, y el encarcelamiento por inviable, tanto por cuestiones de constitucionalidad como porque colapsaría el sistema penitenciario español.

No hay más alternativa que hacer lo que se está haciendo en este momento. La solución – difícil solución – consiste, como bien sabemos, en impedir la salida de las barcazas desde los puntos de partida. Pero reconozcamos que cuando nuestras propias costas son difíciles de vigilar, el intentar controlar toda la costa de un lejano país africano es una dudosa (y costosa) aventura. Y en última instancia ni siquiera es ésa la solución definitiva, porque ni la UE ni España pueden mantener una fuerza militar a perpetuidad controlando las costas de Senegal, Mauritania y el Sáhara Occidental.

Los movimientos migratorios hacia el mundo desarrollado son el resultado de unas condiciones históricas que han llegado a un punto de eclosión. Se trata de unas fuerzas de tal dimensión que superan las posibilidades de control de cualquier gobierno o grupo de gobiernos. No se puede ir contra la Historia. Las políticas autoritarias e inflexibles por las que han optado otros países europeos son gravemente erróneas, y la Historia las juzgará como tales.

No hay que prestar oídos a los intentos de presión por parte de políticos conservadores de esos países. Me refiero a las declaraciones como las que hemos tenido que escuchar últimamente por parte de políticos austriacos, holandeses y franceses de que España debe contar con los demás gobiernos de la UE (poco menos que pedirles permiso) antes de plantearse un proceso de regularización porque esos inmigrantes que regulariza España al final acaban yendo a los mencionados países. Y uno no puede por menos que asombrarse ante la arrogancia de tales declaraciones que, en última instancia, no son más que la expresión de un tradicional prejuicio antiespañol: ¿quién se va a querer quedar en España, pudiéndose ir a Holanda o Austria?

Hay que comenzar aclarando que un inmigrante que se regulariza obtiene un permiso de trabajo que sólo le sirve para trabajar en España y generalmente se le requiere un periodo mínimo de cinco años de estancia legal (permiso de trabajo y residencia) para tener acceso a la tarjeta de residente que le permite trasladarse a otros países de la UE. En términos prácticos, en el caso de los inmigrantes que se benefician de un proceso de regularización tal periodo viene a oscilar, con suerte, entre siete y 10 o más años. Después de vivir y trabajar 10 años o más en España, son pocas las personas que están dispuestas a iniciar una nueva aventura en un país del que desconocen la lengua y la cultura. A ello hay que añadir que no existe ningún estudio que indique en modo alguno que se produzca tal trasvase de inmigrantes hacia otros países. En suma, todo es prejuicio y especulación maliciosa con intencionalidad política

La inmigración bien encauzada es fuente de riqueza. En España, el nivel de vida ha aumentado significativamente en los últimos años gracias en buena parte a la inmigración masiva. Esos millones de consumidores y contribuyentes han generado riqueza y muchos más puestos de trabajo de los que han ocupado.

Pese a las críticas y acusaciones, el último proceso de regularización fue un enorme acierto del que nos estamos beneficiando todos. Y quien no lo crea, que eche un vistazo a los indicadores económicos de este último año.

Juan A. Herrero Brasas es profesor de Ética y Política Pública en la Universidad del estado de California (EEUU).