Un Juzgado de Málaga ha iniciado una investigación sobre los hechos ocurridos este verano en el Centro de Internamiento para Extranjeros, cuando abortó una interna que estaba citada como testigo protegido en el caso de los presuntos abusos sexuales a inmigrantes por parte de funcionarios.

Las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia del abogado de la chica, que acusó de un presunto delito de omisión de socorro a los policías que aquella noche estuvieron en el turno de guardia.

La interna, que estaba embarazada, discutió con una policía. El letrado quiere que los funcionarios aclaren por qué, a partir de ese momento en el que su defendida empeoró, «tardaron una hora en asistir a la embarazada» y «la mantuvieron esposada». Sostiene que cometieron «una imprudencia grave que precipitó el aborto» y omitieron su deber de socorrerla. Podrían ser sancionados con penas de prisión de tres a cinco meses.