Las bandas del Este que actúan en la Comunitat saben que la pena por un atraco es de cinco años de cárcel, mientras que en sus países se condena con 15 Delinquir en España resulta mucho más barato. El precio llega a ser hasta una tercera parte de los años de prisión con los que los asaltantes pagan la misma fechoría en sus países de origen. En Rumanía, un atraco dentro de una vivienda puede llegar a ser condenado a 15 años de cárcel mientras que, en nuestro país, la pena no supera, como máximo, los cinco años de prisión.

España como paraíso del delito. Así deben entender la situación las mafias de delincuentes extranjeros que entran en el país para cometer asaltos extremadamente violentos. “Ellos saben que la legislación, aquí, es más permisiva”, asegura el penalista valenciano Javier Sans.

Los autores de estos delitos son conscientes de que la jurisdicción española es “más condescendiente y endeble” que en los países de donde emigraron. Antes de hacerlo, fueron testigos de “la llegada de importantes flujos de dinero” que sus compatriotas en España habían logrado muy cómodamente. “La facilidad con la que lo consiguen sólo hace que alimentar las expectativas de los que siguen allí”, indica Sans.

El informe de Europol sobre la situación del crimen organizado en la Unión Europea durante 2005 es tajante. En lo referente a robos organizados y asaltos a viviendas, el texto indica que las bandas responsables se originan “predominantemente” en Europa del Este. “Los grupos itinerantes especialmente vienen desde los Balcanes, pero también los de Albania, Rumanía y Bulgaria están involucrados en este tipo de crimen”, añade.

Es una realidad. Esta semana, la Guardia Civil detuvo a 34 delincuentes en Castellón, Tarragona y A Coruña. De ellos, 32 son de origen rumano. Esta banda es, supuestamente, la autora de un robo a un chalé de Peñíscola y de otro en Càlig. Los asaltantes agredieron brutalmente a los dueños de las viviendas.

Por ese delito, el Código Penal español contempla que, como máximo, se impondrá una pena de prisión de cinco años al culpable. Su equivalente búlgaro recoge condenas de hasta 15 años, lo mismo que la ley vigente en Rumanía.

Leyes de su parte

El penalista Sans considera que la ley es “tremendamente favorable” para los delincuentes que llegan desde otros países. Lo cierto es que es una opinión extendida también en muchos otros colectivos implicados en el fenómeno.

Fuentes de la policía y de la Guardia Civil consultadas por LAS PROVINCIAS han vinculado la alta actividad de las bandas organizadas en nuestro país con “la menor dureza de las leyes españolas”.

Y esa “menor dureza” implica que, en ocasiones, los condenados no pasen ni un solo día entre rejas y paguen, su delito, con su expulsión del país. Esta medida se aplica a los acusados que se encuentren en situación irregular en España y no sean sentenciados con una condena de más de seis años de prisión.

El hacinamiento de los centros penitenciarios españoles es, según los expertos, uno de los motivos que llevó a la aplicación de esta norma. La medida se aplica a cualquier tipo de delito excepto al de narcotráfico para evitar “un efecto llamada”.

Propuestas de revisiones

Con estas condiciones, “uno puede arriesgarse a venir a España, dar un golpe y, si lo pillan, simplemente quedarse como estaba en su país”, añade Sans.

Además, aunque las bandas desarticuladas puedan haber cometido decenas de asaltos, sólo se les involucra, en general, en uno o dos robos. ¿La razón?: “La facilidad con la que ocultan las pruebas de autoría”. Cada vez son más las voces que piden una reforma o revisión de estas leyes: sindicatos policiales, gremios de trabajadores afectados, propietarios de chalés… Y hasta el mismo presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa, que criticó recientemente las penas españolas.

Además, de la Rúa, sugirió que las condenas podrían endurecerse si se considerara a las bandas como “asociaciones ilícitas”, un aspecto que sí agrava las penas a los condenados en muchos otros países.

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