Los representantes municipales han levantado la voz para pedirle al Gobierno más dinero para la asistencia de los inmigrantes ilegales, pues son las ciudades y los municipios los que deben atenderlos a pesar de no tener competencias en la materia. Valencia, la ciudad de la Copa América, ha sido el escenario de la revuelta de los alcaldes. El municipalismo no entiende de colores políticos, sino de intereses comunes. La Federación Española de Municipios y Provincias eligió Valencia para celebrar el pasado martes la reunión de su comisión ejecutiva, donde 20 alcaldes de toda España alzaron la voz contra la indefensión que sufren los ayuntamientos ante problemas como la inmigración y la inseguridad ciudadana.


Tras la reunión, la vicepresidenta de la Federación, Rita Barberá, ejerció de anfitriona en el puerto de la Copa América, que se ha convertido en el orgullo de la alcaldesa, como ella misma ha apuntado en múltiples ocasiones.


En la reunión se criticó la falta de dinero procedente del Estado para atender a los inmigrantes ilegales, que al final siempre acaban absorbiendo recursos municipales destinados, en principio, a otros menesteres. La crítica no fue sólo para el Estado, sino también para las comunidades autónomas, que son las que deben repartir los fondos. Por el camino, la partida llega mermada o en el peor de los casos, no llega.


Durante la recepción de los alcaldes se pudieron observar detalles curiosos. Uno de ellos fue la llegada del conseller de Territorio, Esteban González Pons. ¿Y qué hacía un cargo autonómico en una reunión de municipios? Fuentes de su entorno explicaron que, casualmente, se encontró por la calle con la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, con la que guarda amistad desde su paso por Madrid, cuando González Pons era portavoz del Grupo Popular en el Senado. Como buen caballero, se ofreció a acompañarla hasta el Salón de Cristales. Cuentan desde el Ayuntamiento que la aparición del conseller hizo temblar a los encargados del protocolo, pues no estaba prevista su presencia.


La reunión abordó, sobre todo, la problemática de la inmigración, que, a pesar de las apariencias, no es un problema exclusivo del gobierno de Zapatero. No hay más que darse una vuelta por el puente de Ademuz, triste cobijo de decenas de personas sin techo, muchos de ellos inmigrantes trasladados desde Canarias que no han encontrado ni trabajo, ni soluciones a su situación.


Una vez cumplido el trabajo, llegó el tiempo del ocio. Un autobús esperaba a la numerosa comitiva en la entrada del edificio consistorial para trasladarlos al remozado puerto de Valencia.


La primera parada fue el Veles e Vents, el flamante edificio de Fermín Vázquez y David Chipperfield. Todo fueron comentarios halagadores hacia el inmueble. Una vez abajo, una embarcación del Desafío Español les dio un paseo por la dársena y los campos de regatas. Los alcaldes pudieron disfrutar de los espectaculares barcos de competición. Las mismas fuentes explicaron que, si bien todos se asombraron de las nuevas instalaciones portuarias, aquellos representantes de municipios del interior se quedaron “visiblemente fascinados”.


Vistas desde el Desafío Español

Durante la comida, celebrada en la terraza de la base del Desafío Español las conversaciones volvieron al tema de la inmigración ilegal y a la insuficiente partida económica que destina el Estado a los ayuntamientos.


Las cifras hablan por sí mismas. Durante este año, el Estado ha destinado 180 millones de euros a las localidades para tareas relacionadas con la inmigración. Sin embargo hay municipios a los que no llega el dinero. En Palencia, como matizó el alcalde, Heliodoro Gallego (también es presidente de la Federación) no se recibe ni un euro, pues la comunidad autónoma no los reparte.


Los ayuntamientos no tienen competencias en materia de inmigración ilegal, pues su control corresponde al estado y a las comunidades autónomas.


En cambio, son las calles de los municipios donde malviven los inmigrantes ilegales.


Tras la rebelión de los alcaldes, aderezada por una paella de pollo y conejo, esgarraet y all i pebre, la comitiva se disolvió. Queda pendiente decidir el incremento de fondos que necesitan los ayuntamientos.