Una barrera de 1.123 kilómetros de longitud obstaculizará el paso de la inmigración ilegal a través de Texas, Arizona y Nuevo México WASHINGTON. – Calexico, un soñoliento pueblo de California en el que, según el censo oficial, el 95,29% de sus 27.000 habitantes son de origen hispanoamericano, va a quedar amurallado por dos vallas separadas 100 metros una de otra y cargadas con sensores electrónicos.

Más espectacular será el muro que atravesará cientos de kilómetros de desierto en Texas, desde las ciudades de Laredo (208.000 habitantes, el 94,13% de ellos latinos), hasta Brownsville (donde 126.000 de las 139.000 personas del censo son de origen hispano). Esas obras forman parte de una ley, aprobada el viernes por la tarde por el Senado de EEUU, para contener la inmigración ilegal, que contempla en total la construcción de 1.123 kilómetros de muros en la frontera de Estados Unidos con México a través de los Estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas.

El texto es parte de una ley más amplia, que destina 34.800 millones de dólares ( 27.400 millones de euros) a la seguridad nacional de EEUU, entre ellos 21.300 millones de dólares a la protección de las fronteras. Ahora, tras la luz verde del Senado, la norma sólo necesita la sanción de George W. Bush para convertirse en ley.

La ley fue aprobada por 80 votos a favor y 19 en contra, lo que indica que más de dos docenas de senadores demócratas votaron a favor de ella. Claro que la nueva norma, como todo en el debate sobre el control de la inmigración ilegal en EEUU, tiene truco. Porque los legisladores sólo aprobaron 1.200 millones de dólares (945 millones de euros) de financiación para 593 kilómetros de muro. De dónde procederán los recursos para taponar el resto de la frontera es un misterio.

Igualmente es un misterio la eficacia de los muros. Es evidente que, si se cierra, por ejemplo, la zona que rodea a Calexico, los 60.000 inmigrantes que cruzan a diario la frontera por allí no podrán pasar. Pero, según Douglas Massey, del think – tank ultraliberal de Washington CATO Institute, hasta la fecha, la construcción de muros tan sólo ha logrado redirigir el paso de inmigrantes hacia áreas más desérticas e inhóspitas. Eso, a su vez, ha disparado el número de latinoamericanos que mueren en el desierto. Sólo el año pasado, según cifras oficiales de EEUU, 500 inmigrantes clandestinos fallecieron cruzando la frontera.

No es fácil blindar una raya fronteriza que, según datos de la Embajada de EEUU en México, es la que registra un tráfico más alto de personas en todo el mundo. En total, 350 millones de viajeros viajan cada año de un país a otro. Sin embargo, y a pesar de esas incertidumbres, los senadores aprobaron la Ley el viernes in extremis, en la última jornada de la actual legislatura. Las elecciones al Congreso del 7 de noviembre, en las que los demócratas podrían hacerse con el control de una o tal vez las dos cámaras del Legislativo de EEUU pesaron fuertemente en la decisión.

¿Demasiado pequeño?

«Esto es algo que el pueblo americano lleva mucho tiempo queriendo que hagamos», dijo el senador por Arizona John Kyl tras la votación. Su punto de vista refleja el de gran parte de sus colegas, tanto demócratas como republicanos, que son conscientes de que la inmigración ilegal es uno de los principales factores de preocupación de los estadounidenses. Otros dieron a entender que el muro es demasiado pequeño y que hay que blindar toda la frontera. Ése fue el caso del demócrata Richard J. Durban, el número dos de su partido en la Cámara, que dijo que «no necesitas un experto en ingeniería para saber que un muro de 700 millas [1.100 kilómetros] en una frontera de 2.000 millas [3.200 kilómetros] no va a arreglar nada».

La tesis de Durban, que cuenta con el respaldo de, entre otros, Edward Kennedy, uno de los jefes del ala izquierda del Partido Demócrata, es que cerrar la frontera no sirve de nada porque el principal punto de entrada de ilegales en EEUU no es el Desierto de Sonora, en Arizona, sino los aeropuertos internacionales del país. De hecho, se estima que la mitad de los aproximadamente 11 millones de residentes ilegales que hay en Estados Unidos – y que supone alrededor del 4% de la población del país – entraron legalmente y no se fueron una vez que sus visados habían expirado. Las divisiones respecto a la inmigración afectan a ambos partidos. El gobernador del Estado de Texas, el republicano Rick Perry, ha expresado su oposición a los muros y su correligionario Arnold Schwarzenegger ha rechazado usar la Guardia Nacional para combatir la inmigración ilegal, como ordenó Bush el pasado junio.