POR fin parece que algo se está moviendo positivamente dentro de la Unión Europea en materia de compromisos comunes sobre las políticas de inmigración, una reclamación de los sucesivos Ejecutivos españoles que sólo ahora empieza a obtener cierto eco en Bruselas. El encuentro de ministros de Exteriores e Interior de países europeos mediterráneos celebrado ayer en Madrid es el segundo de los tres que se van a celebrar sobre este tema para llevar propuestas concretas al Consejo Europeo informal del 20 de octubre y a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre, y aunque no se ha saldado con nada más que ideas y consejos para avanzar en la lucha contra la inmigración ilegal, al menos ya se van concretando medidas de actuación. La adopción de una política de inmigración comunitaria se está revelando como una reñida partida de intereses en la que España, desafortunadamente, ha ocupado hasta el momento una posición muy poco airosa. A la situación, casi insostenible, de soportar con nuestros exclusivos medios y en nuestras costas las avalanchas de irregulares africanos, hay que sumar los efectos negativos de la torpeza en la política exterior del Gobierno al proceder en 2005 a una regularización masiva sin previa explicación a los socios europeos. Ahora bien, tras la cascada de reproches que viene recibiendo por aquella forma de proceder es hora de que el ministro Sarkozy u otros colegas se apliquen a construir en común una política migratoria. Y, en justo reparto de responsabilidades, que las autoridades españolas dejen de considerar problema menor el flujo de irregulares que entran por tierra y aire. La coincidencia para convenir políticas comunes sobre el control de fronteras, ayudas a los países origen de los inmigrantes, tareas asistenciales y repatriación de ilegales es general, al menos en el plano retórico. Y, desde luego, la aplicación de este último punto es lo que ofrecería resultados más inmediatos y visibles en los países receptores; no en vano el ministro Rubalcaba puso ayer especial énfasis en la implicación de la UE a la hora de negociar los acuerdos de repatriación con países africanos. Respecto de la pretensión de una prohibición por ley de regularizaciones masivas, como la planteó el ministro francés del Interior, Sarkozy, responde más a un paquete de medidas efectistas que realmente efectivas.

La elaboración formal de una política de los Veinticinco sobre fronteras e inmigrantes viene forzada por un estado de necesidad que no todos perciben en la UE de igual forma y frente al que cada país tiene una legislación diferente. Es por ello que las conferencias ministeriales van salvando el problema con medidas parciales y urgentes que, aunque necesarias, no deben retrasar la adopción definitiva de una política migratoria europea.