El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero la misma solidaridad en materia de inmigración que la que su país ofrece en la lucha contra ETA. El político galo respondió así al presidente del Gobierno, quien el miércoles señaló en el Congreso de los Diputados que Sarkozy no es quien para darle lecciones en extranjería tras las algaradas provocadas en sus ciudades por jóvenes de origen inmigrante. «Yo nunca doy lecciones a nadie ni me gusta que me las den», subrayó ayer el ministro galo.

Zapatero había pronunciado sus palabras en un tono duro durante la sesión de control al Gobierno, después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, le recordara que Sarkozy le llamó «aprendiz de brujo» por su gestión de la inmigración. En julio pasado, el ministro francés calificó de «error» la regularización que impulsó el Gobierno tras llegar al poder.

La respuesta de Zapatero el miércoles enfadó al ministro francés, que ayer participó en la reunión sobre inmigración de ministros de los países mediterráneos de Europa. «Me ha sorprendido – afirmó – porque la solidaridad de Francia en la lucha contra ETA no ha tenido nunca en cuenta a los distintos Gobiernos españoles», aseguró.

Solidario con España

El ministro galo confió en que la declaración de Zapatero obedeciese «al clima un tanto vivo que había en el Parlamento español en ese momento» y en que «no refleja la totalidad de su pensamiento, porque si alguien que ha sido solidario con España, tanto con el Gobierno del señor Aznar como con el del señor Zapatero, ese he sido yo».

Sarkozy llegó hora y media tarde a la reunión, y se fue tras el almuerzo sin siquiera posar con sus colegas para la foto de familia. Eso sí, antes de irse les dejó un mensaje claro: «Las regularizaciones no son una solución, llevan consigo un efecto llamada», como la que su país experimentó con la que realizó en 1997. Propuso un pacto entre todos, porque «una persona regularizada en España tiene derecho a entrar en Francia». «Hay que decidir juntos, eso es Europa», recalcó.

En la clausura de la reunión, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Ejecutivo español «comparte» que «no debe haber regularizaciones sin más». No obstante, desligó lo que vulgarmente se califica de «regularización masiva» del proceso impulsado hace un año por el Gobierno, que calificó de «proceso de normalización de trabajadores extranjeros». La diferencia, insistió es que se legalizó a «sólo trabajadores con contrato, y con el acuerdo de los trabajadores, empresario y sindicatos».

En esa idea abundó el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, quien señaló que España «no está a favor de las regularizaciones masivas», donde no existe un vínculo laboral ni un amplio consenso, como – a su juicio – existían en España. Aseguró además que las propuesta gala de prohibir estas regularizaciones en masa «ha sido bien aceptada».

Patrulleras conjuntas

La reunión de ministros de Exteriores e Interior de la Europa Mediterránea concluyó con la aprobación de un documento que recoge una serie de propuestas para que los Veinticinco las debatan en el próximo Consejo Europeo de Justicia e Interior del 5 de octubre y en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 20 de octubre en Lahti (Finlandia). Destaca la necesidad reforzar el concepto de frontera sur europea y poner en común las capacidades de los estados para combatir la inmigración ilegal.

Los países miembros también acordaron reforzar la agencia europea de fronteras (Frontex), con patrullajes conjuntos lo más cerca posible de la frontera africana; el despliegue de un sistema europeo electrónico de vigilancia marítima, y fomentar la colaboración en materia de identificación, mediante el uso conjunto de bases de datos y datos biométricos, para que puedan consultarse en todos los puntos fronterizos.

España propuso, según la vicepresidenta, que la UE asuma parte de la «carga» que supone el «rescate, la asistencia humanitaria y la acogida» de los inmigrantes que llegan en cayucos a sus costas. El objetivo es que Europa «sea consciente de que atender las necesidades sanitarias, sociales y asistenciales de los inmigrantes es una tarea de todos y nos corresponde a todos, incluyendo la acogida de menores no acompañados», afirmó.