LUIS AYLLÓN

MADRID. Nicolás Sarkozy no se contuvo ayer a la hora de responder a las críticas que recibió dos días antes de José Luis Rodríguez Zapatero. Al ministro francés del Interior le dolió que el presidente del Gobierno español sacara a relucir los incidentes registrados en los barrios periféricos de París hace casi un año, y le echó en cara que no muestre la misma solidaridad con las autoridades francesas que las que Francia está teniendo con las españolas en la lucha contra ETA.

A las críticas de Sarkozy, que se unieron a las de dirigentes de otros países europeos molestos por la última regularización de inmigrantes llevada a cabo en España, Zapatero replicó en el Parlamento: «No me vale lo que pueda decir el ministro francés del Interior después de lo que hemos visto que ha pasado en los barrios de París en relación con la política de inmigración». Ayer, cuando en una rueda de prensa en Madrid a Sarkozy se le preguntó por esas palabras, la contestación tuvo un tono alto, reflejo del malestar que han provocado en el previsible candidato a la Presidencia de la República francesa.

«Me ha sorprendido – dijo – la declaración del señor Zapatero porque la solidaridad de Francia en la lucha contra ETA no ha tenido nunca en cuenta a los diferentes Gobiernos españoles. Francia siempre ha estado al lado de España y nunca ha tenido comentarios sobre las diferentes evoluciones de la política española. Estoy seguro de que las declaraciones de Zapatero se han debido al clima tan vivo del Parlamento español en ese momento y no reflejan la totalidad de su pensamiento». «Si hay alguien – agregó – que ha sido solidario con España, con la España del Gobierno de Aznar y con la España del Gobierno de Zapatero, creo poder decir que he sido yo».

Sarkozy dijo también que sobre el fondo del asunto de la inmigración nunca ha pretendido «dar lecciones» a España, a quien no ha citado cuando ha expresado su oposición a las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares. Apuntó que España es un país al que está ligado por cuestiones afectivas, ya que su mujer es casi española, y afirmó: «Si no he querido dar lecciones a nadie, es por una razón: que no me gusta recibirlas».

La experiencia francesa

El titular francés de Interior se convirtió en la estrella mediática de la reunión celebrada en Madrid por ministros de ocho países del sur de Europa para abordar los problemas relacionados con la inmigración clandestina a través de las fronteras marítimas. Al encuentro, Sarkozy llevó una serie de propuestas, entre ellas la de que en la Unión Europea se prohíban las regularizaciones masivas por parte de los países miembros.

Ante los periodistas, insistió en considerar un error esas regularizaciones masivas, recordando que Francia lo hizo en 1997, normalizando la situación de 80.000 clandestinos, y que un año después el número de peticiones de asilo se había multiplicado por cuatro.

Recordó que, al estar en el espacio Schengen, de libre circulación de personas, «cuando un país da papeles a un clandestino no se los da solamente para su país, sino para todos los de ese espacio». Sarkozy abogó por un «pacto europeo» sobre la inmigración, por un procedimiento de asilo único en la UE y por compartir los medios entre los Veinticinco. El ministro galo consideró que el Gobierno español está de acuerdo en estas ideas y cree que ha habido malentendidos.

Por su parte, las autoridades españolas insistieron en puntualizar que lo que se ha hecho en nuestro país no ha sido una regularización masiva. Así lo dijo expresamente en rueda de prensa al término de la reunión el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. «La regularización que en su momento se hizo tiene pocos precedentes y sólo aquel que estaba integrado en la sociedad española porque tenía un contrato de trabajo, un vínculo afectivo con nuestro país», dijo, al tiempo que aseguró que el proceso ha tenido «unos beneficios económicos evidentes».

En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo al clausurar la reunión que «no debe haber regularizaciones sin más», sino «cuando haya un contrato de trabajo y un pacto con los agentes sociales». «Cada caso – afirmó – ha de estudiarse individualmente y así lo hicimos nosotros en su momento». También se mostró convencida de que se llegará a una política común de la UE en este asunto.