Fernández de la Vega les preguntará si es posible ponerla ya en marcha Intentará la próxima semana un acuerdo sobre la inmigración ilegal El Gobierno tiene previsto sondear en las próximas semanas a todos los grupos parlamentarios para saber si es posible poner en marcha el trámite parlamentario para abordar la reforma constitucional.

Este encargo de José Luis Rodríguez Zapatero caerá, como casi todos, sobre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Si ésta comprueba que el clima es propicio y favorable a la reforma, será el propio presidente del Gobierno quien la aborde con el líder del PP Mariano Rajoy antes de final de este año.

En caso contrario, la propuesta de reforma y el voluminoso informe no vinculante que elaboró el pasado mes de febrero el Consejo de Estado irán a parar a un cajón de La Moncloa al menos hasta la próxima legislatura.

Como es sabido, la reforma de la Constitución que impulsa el Gobierno se refiere a eliminación de la prevalencia machista en la sucesión de la Corona, la inclusión de los nombres de las comunidades, la referencia a Europa, el funcionamiento del Senado y la sustitución de la palabra disminuidos por discapacitados.

También es conocido que todas requieren el acuerdo entre el PSOE y el PP y que la que afecta a la Corona tiene que ser aprobada al final de la legislatura y sometida a referéndum.

La propuesta de reforma estaba congelada y ahora se ha avivado la reforma debido al anuncio de embarazo de la princesa Letizia. Ya es imposible aprobar la reforma para antes de que nazca el segundo hijo de los príncipes de Asturias, pero hay tiempo suficiente para que se tramite durante el año 2007, se apruebe antes de la disolución de las Cortes y se someta a referéndum en 2008 o 2009.

En principio, todos los partidos están de acuerdo en que se elimine la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, que supondría que Leonor es preterida en la línea sucesoria. El problema es que el Gobierno ratificó ayer que no quiere abordar de forma aislada este cambio que afecta al artículo 57 de la Carta Magna. Es decir, si Fernández de la Vega percibe que sólo es posible el acuerdo sobre este cambio no se abordará para no abrir un debate sobre la Monarquía que termine en plebiscito sobre la forma de Estado.

La vicepresidenta primera hablará con los grupos de forma discreta sobre este asunto en las próximas semanas. De hecho, ya ha sondeado a algunos en las últimas semanas, dentro de una serie de contactos que tenían por objetivo fundamental la inmigración ilegal y la situación de iniciativas legislativas que están en trámite en este momento.

Algunos ya le han comunicado que quieren incluir otras propuestas que no entran en los planes del Gobierno.

No ha hablado aún el Ejecutivo de este asunto con el PP, puesto que fue orillado de la reunión que el pasado lunes mantuvieron Fernández de la Vega y Eduardo Zaplana. Se sabe, no obstante, que el PP quiere incluir otras reformas, como el muy problemático blindaje de las competencias estatales.

Además, la vicepresidenta primera, que ha asumido definitivamente el papel de interlocutor con los grupos que antes de ser ministro tenía Alfredo Pérez Rubalcaba, y la próxima semana podría convocar a los portavoces para proponerles formalmente un pacto de Estado sobre inmigración que incluya la reforma de la Ley de Extranjería.

Fernández de la Vega ya ha hablado con ellos en las dos últimas semanas y ahora lo hará de manera formal, separadamente, pero previsiblemente todos el mismo día. Esta vez les presentará un papel con propuestas que, en parte, recoge algunas de las sugerencias que le han hecho en las últimas semanas.

Las reuniones podrían producirse el jueves en el Congreso, dependiendo de la agenda de la vicepresidenta que tiene previsto un viaje a Argelia para la próxima semana.